sábado. 01.10.2022

El Tribunal de Cuentas ha aprobado la fiscalización de Cantabria para 2017 y ha reiterado la mayor parte de las recomendaciones incluidas en fiscalizaciones anteriores puesto que no se ha apreciado la existencia de medidas para su efectiva implantación.

De las conclusiones expuestas en el informe de fiscalización de 2017 destaca que la Cuenta General no se presenta según la estructura prevista en la Ley de Finanzas de Cantabria. Además, cuatro organismos autónomos (entre ellos el Servicio Cántabro de Salud) siguen sin elaborar cuentas específicas.

Por otra parte, indica que el presupuesto de gastos no presentaba ni objetivos ni indicadores que permitiesen realizar un seguimiento de su grado de consecución, de lo que se deriva la ausencia del informe de gestión previsto en la Ley de Finanzas de Cantabria.

Del análisis realizado sobre las cuentas individuales de la Administración General de la Comunidad y las de los entes administrativos se desprende que, con carácter general, se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables, además de desarrollarse la gestión presupuestaria según las normas, si bien se realizan una serie de salvedades y observaciones.

Así, se dejaron de imputar al presupuesto de 2017 gastos realizados en dicho ejercicio por importe de 179 millones de euros, aplicándose al mismo 159 millones por gastos realizados en ejercicios anteriores, actuaciones que no respetan el principio de temporalidad de la Ley de Finanzas de Cantabria, aunque están amparadas en las excepciones legales.

En la memoria de la Cuenta de la Administración General no se incluye información ni del riesgo económico ni de los potenciales desembolsos presupuestarios para la Comunidad Autónoma derivados de determinadas operaciones o hechos.

Se han detectado errores de registro y valoración en las cuentas anuales de 112 Cantabria, S.A., Hospital Virtual Valdecilla, S.L. y Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. (SRECD), al no aplicar lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad. Además, el informe de auditoría sobre las cuentas anuales de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE), Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus de Comillas, S.L. y SRECD reflejaba una opinión favorable con salvedades.

En 2017 no se produjo la declaración de los sectores y categorías profesionales considerados prioritarios a los efectos de la excepción de la prohibición de contratar personal temporal y nombrar funcionarios interinos, prevista en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2017.

El informe advierte también que la superación del periodo medio de pago a proveedores de 30 días afecta negativamente al principio de sostenibilidad financiera.

CONSEJERÍAS

El documento recoge que el personal interino del Servicio Cántabro de Salud representaba el 34% de los puestos ocupados de plantilla y el número de nombramientos eventuales en los que, a 31 de diciembre de 2017, se hace necesario el estudio de la creación de una plaza estructural en la plantilla asciende a 75.

Asimismo, indica que al cierre del ejercicio fiscalizado destaca la mayor tasa de pacientes en espera para consultas especializadas por 1.000 habitantes sobre la media de los servicios de salud de todas las comunidades autónomas y el porcentaje de pacientes con más de 60 días de espera para dichas consultas, cercano al doble de la media nacional.

En materia de gestión medioambiental, la Comunidad no contaba con determinados registros previstos en la Ley de Montes, ni tampoco había procedido al desarrollo de acciones recogidas en la misma. Seguían sin constituirse el registro ambiental de la ley de control ambiental integrado y sin utilizarse los mecanismos para reparación del daño causado e indemnización.

La Consejería de Educación no disponía de un plan de control propio ni con un manual aprobado para sistematizar sus actuaciones verificadoras sobre los centros docentes públicos. Además, no se llevaron a cabo controles específicos sobre los centros concertados; no se había aprobado ningún plan de acción derivado de las distintas evaluaciones nacionales e internacionales al alumnado; ni se contaba con un plan plurianual de inversiones en infraestructuras educativas. ECOMASA Y CANTUR

El informe del TC señala también que los diferentes compromisos y aportaciones del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) y de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN) al proyecto ECOMASA "pueden desembocar en unas pérdidas para la Comunidad que se aproximarían a los 18 millones de euros", pues, al cierre del ejercicio 2017, se habría recuperado (y se estaría próximo a recuperar) solo una cantidad "residual" de dichos desembolsos.

Del informe emitido por la Intervención General de la Administración de Cantabria, el TC señala que la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR) había procedido al reintegro de los 13.000 euros pagados indebidamente en concepto de "plus" retributivo, no autorizados por órgano competente, así como los relativos a 12.000 euros abonados indebidamente en concepto de comida de los trabajadores adscritos a sus oficinas centrales, no amparados en el convenio colectivo. Sin embargo, Cantur no emprendió acciones para recuperar el importe de aquellos empleados que percibieron indebidamente las cantidades.

También existe un tercer supuesto en CANTUR, sobre los gastos de manutención de los trabajadores en las instalaciones de hostelería en los años 2014 y 2015, pero el informe de control indicaba la imposibilidad de delimitar el importe que habría de ser reintegrado.

VELA

La fiscalización del TC indica además que las cuentas justificativas presentadas por la Real Federación Española de Vela en relación con las subvenciones nominativas recibidas en los ejercicios 2016 y 2017, por importe conjunto de 110.000 euros, ponen de manifiesto deficiencias relevantes en relación con los gastos subvencionables.

El TC aprueba la fiscalización de Cantabria de 2017
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