La CiberComandancia de la Guardia Civil ha identificado e investigado a dos mujeres originarias de Toledo y de Guinea Ecuatorial como presuntas autoras de una estafa informática perpetrada bajo la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC) o suplantación de correo corporativo, que ocasionó un perjuicio económico de 12.000 euros a una empresa radicada en Cantabria.
Se considera a las investigadas responsables de cuatro presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, acceso ilegal a sistemas informáticos y falsedad documental.
La actuación, enmarcada en la 'Operación Espejo', se inició a raíz de la denuncia presentada por la empresa a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, en la que decía haber abonado una factura pendiente a una cuenta bancaria distinta de la de su proveedor habitual.
Los guardias averiguaron que los ciberdelincuentes habían suplantado la identidad digital del proveedor sirviéndose de una dirección de correo electrónico cuyo dominio apenas difería del original.
Desde esa cuenta fraudulenta comunicaron a la empresa un supuesto cambio de cuenta bancaria, que justificaron alegando problemas con su entidad financiera.
Considerando autenticidad de la comunicación, la empresa ordenó una transferencia de 12.000 euros a la cuenta facilitada por las autoras. El fraude no se descubrió hasta más tarde, cuando el proveedor legítimo reclamó el abono de la factura.
La investigación analizó las comunicaciones electrónicas empleadas para la suplantación y rastreó el destino de los fondos transferidos.
El análisis técnico y financiero llevado a cabo por los investigadores condujo a identificar a la titular de la cuenta receptora del dinero y a reconstruir la operativa diseñada para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Las dos personas investigadas junto con las diligencias practicas por la CiberComandancia en colaboración con las Unidades Orgánicas de Policía Judicial Juzgados de Toledo y Madrid, han sido puestas a disposición del Servicio de Registro y Reparto de los Juzgados de Talavera de la Reina (Toledo), y se ha propuesto solicitar una Comisión Rogatoria Internacional a Nigeria para determinar el beneficiario final de lo defraudado.
