Un centenar de organizaciones de la sociedad civil europea han emprendido una campaña para la recogida de firmas en los 27 Estados de la Unión Europea, cuyo objetivo es que la Comisión Europea apruebe una legislación "que vete el comercio con entidades declaradas ilegales, según el derecho internacional".
Para que la iniciativa tenga éxito, la propuesta deberá sumar un mínimo de un millón de firmas recogidas entre todos los países. La campaña fue lanzada el pasado 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, y a partir de esta fecha se dispone de un año para recoger el total de firmas.
En Cantabria comienza este lunes su difusión, tanto entre la población en general como entre las organizaciones y entidades que desde hace años vienen defendiendo los derechos humanos y particularmente los de los pueblos palestino y saharaui.
El modo de firmar la iniciativa es a través de la página web creada al efecto, donde también se recoge toda la información https://stopsettlements.org/spanish/ #StopElComercioConLosAsentamientos.
Según han explicado las organizaciones cántabras en la presentación de la campaña en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, la UE ha dado luz verde al lanzamiento de esta Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que busca prohibir las importaciones desde territorios ocupados ilegalmente.
Esta iniciativa "es diferente de una petición de firmas habitual: es un instrumento democrático oficial que permite a la ciudadanía de la UE ayudar a dar forma a Europa" pidiendo a la Comisión Europea que proponga leyes sobre determinados temas, han precisado.
Esta ley se aplicaría a los territorios ocupados en cualquier lugar, entre ellos los palestinos y los asentamientos israelíes ilegales que incluyen, así como las zonas del Sáhara Occidental ocupadas por parte de Marruecos. La norma también serviría para "enviar una poderosa señal en todo el mundo de que la UE no va a recompensar las agresiones territoriales con beneficios comerciales", han señalado.
La ICE "trata tanto de impedir que se saque provecho de futuras agresiones territoriales como de regular el comercio de la UE con los asentamientos ilegales existentes". Por eso, "pide a la Comisión que promulgue una norma general para prohibir el comercio con los asentamientos y territorios ocupados".
