El Gobierno de Cantabria ha trasladado este lunes al Ministerio de Justicia que la comunidad tendrá "todo listo y preparado" para la implantación del nuevo modelo judicial en el partido judicial de Santander el próximo 31 de diciembre, y así cumplirá los plazos previstos de la totalidad de las actuaciones necesarias para este despliegue.
La reunión de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia entre el Estado y las comunidades autónomas con competencias, presidida por el ministro Félix Bolaños, ha abordado la tercera y última fase de la implementación de la Ley de Eficiencia de la Justicia, prevista para el próximo 31 de diciembre.
Tras su celebración, la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, ha criticado que el Ministerio ha actuado "de nuevo de forma precipitada", tras la "inesperada" convocatoria de la Conferencia Sectorial de este lunes, con el objetivo trasladar la posibilidad a todas las comunidades de prorrogar los plazos exigidos -hasta ahora solo lo había demandado Asturias-, en un momento en el que están a punto de concluir, ha informado el Gobierno regional.
"A estas alturas del proceso es imposible frenar el procedimiento de cambio" de las oficinas judiciales, "dado que gran parte de los pasos ya han sido dados y no cabe posibilidad de retorno", ha afirmado la consejera, que ha añadido que este ha sido "el sentir común de las comunidades autónomas".
La puesta en marcha del nuevo modelo judicial en Cantabria ha exigido "un inmenso esfuerzo de organización, de negociación y de decisión" que el Gobierno de Cantabria ha acometido "en sintonía" con los agentes judiciales, pero "en solitario" y "sin la ayuda ni el apoyo del Ministerio", ha lamentado Urrutia.
"Cantabria cumplirá con los plazos exigidos gracias a la profesionalidad y el trabajo conjunto de los empleados públicos, jueces, fiscales y del resto de operadores jurídicos", ha declarado.
PUESTA EN MARCHA
El partido judicial de Santander será el último en adaptarse de los ocho con los que cuenta la comunidad, tras la implantación, desde el 1 de julio, de la nueva estructura de tribunales de instancia y de oficina judicial en los otros siete partidos (Castro Urdiales, Santoña, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Torrelavega y San Vicente de la Barquera).
De cualquier forma, a propuesta del Ministerio, dada la complejidad que supone el nuevo modelo organizativo, la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo, sin afectar, en ningún caso, al servicio público de justicia que se presta a los ciudadanos.
En esta línea, Urrutia ha recordado que cuando finalice dicha implantación, el Gobierno de Cantabria requerirá al Ministerio del ramo el coste de la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, que en estos momentos alcanza los 2,4 millones de euros.
El nuevo modelo es "una imposición" de la ley y el traspaso de las competencias en materia de justicia "avala la revisión del coste efectivo anual de los medios", ha defendido Urrutia.
Por otro lado, la consejera de Justicia se ha sumado a las reivindicaciones planteadas en la reunión por los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para incrementar las ayudas y el apoyo económico a las oficinas de justicia municipales, que asumirán nuevas competencias en la nueva organización.
Urrutia ha indicado que, ante esta "justificada petición" de la FEMP, el Ministerio "vuelve a guardar silencio, lo que demuestra de nuevo el abandono que han sufrido las comunidades autónomas en todo este proceso", al no atender sus "reiteradas demandas de financiación, de modelos de referencia para su implantación o de órganos específicos de apoyo y asistencia".
"Ha sido un año muy duro para la Administración de Justicia, pero Cantabria va a garantizar la continuidad y el buen funcionamiento del servicio, con el fin de evitar perjuicios a los ciudadanos", ha concluido.
