La Coordinadora Cántabra de ONGD, formada por 35 ONGD asociadas y colaboradoras, ha sumado su apoyo a las organizaciones internacionales que urgen al Gobierno de Colombia a garantizar los derechos fundamentales de reunión y manifestación pública, y a proteger la vida de quienes lo ejercen.
En un comunicado, la coordinadora se ha solidarizado con las movilizaciones pacíficas que la ciudadanía colombiana está llevando a cabo desde el 28 de abril en el marco del Paro Nacional, que, según ha indicado, "son parte de la defensa de los derechos humanos en el contexto de la legítima protesta".
Asimismo, ha valorado que el uso "desmedido" de la fuerza por parte de la Fuerza Pública es "inaceptable", por lo que ha sumado su apoyo a las solicitudes realizadas por las organizaciones internacionales, en respuesta a la llamada de la sociedad colombiana.
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En concreto, instan a la comunidad diplomática y a las Naciones Unidas a que pidan al Estado colombiano que brinde las "garantías suficientes" para el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social y promueva escenarios de diálogo para tomar "acciones constructivas" y superar así el actual "estado de crisis de derechos humanos por el que atraviesa el país".
Asimismo, piden a la fuerza pública ejercer su "rol constitucional" y brindar "las condiciones de seguridad para que las mayorías descontentas y desesperadas por la pobreza, la enfermedad y el conflicto encuentren condiciones para manifestarse pacíficamente".
También solicitan a los partidos políticos, los gremios y la Iglesia "reforzar" sus acciones para "convocar al Gobierno a tomar medidas a favor de la dignidad de la vida y que se abstengan de emitir declaraciones estigmatizantes".
Finalmente, este colectivo social pide a las minorías que intentan "acciones violentas" como medio de protesta para "crear confusión y deslegitimar la protesta legítima", detener sus acciones, incluidas las realizadas a través de las redes sociales.
