Izquierda Unida ha puesto en marcha hasta mediados de abril una campaña informativa destinada a que la ciudadanía conozca sus derechos en materia de vivienda y, especialmente, en lo relativo a los contratos de alquiler tras la entrada en vigor del nuevo Decreto de alquileres.
La iniciativa estará presente en varios municipios de la región, si bien una de sus primeras paradas ha sido este sábado en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, donde voluntariado y militancia instalaron una mesa informativa.
Según ha indicado la formación en un comunicado, han atendido a decenas de personas interesadas en resolver dudas sobre la actualización de rentas, las obligaciones de los propietarios o los mecanismos de reclamación previstos en la normativa.
Para ello, IU ha distribuido folletos explicativos, además de modelos de escritos que los inquilinos pueden remitir a los propietarios en cumplimiento del decreto.
Su coordinador, Israel Ruiz Salmón, ha explicado que este material, junto a otros recursos útiles, también está disponible en sus redes sociales y en su página web, con el objetivo de facilitar el acceso a la información.
Y es que la formación ha apuntado que más de 28.000 personas en Cantabria estarían directamente afectadas, dado que en 2020 se firmaron algo más de 7.500 contratos y en 2021 se superaron los 5.000, ha detallado.
La campaña continuará en las próximas semanas por distintos municipios de la comunidad con el fin de reforzar el conocimiento ciudadano sobre sus derechos y fomentar un acceso a la vivienda "más justo y transparente".
Asimismo, estará activa hasta mediados de abril, fecha en la que será la votación de la convalidación del Decreto que, previsiblemente, "las derechas de PP, Vox y Junts tumbarán dejando tiradas a cientos de miles de personas en toda España", ha lamentado.
Finalmente, IU ha resaltado que quienes participan en la campaña destacan que la regulación vigente constituye "una herramienta ya aplicada, con aval legal y con resultados contrastados", y advierten de que su derogación o rechazo "podría tener efectos negativos para numerosos inquilinos que se encuentran en situaciones económicas ajustadas".
