Galicia en Común ha planteado al Gobierno en funciones que intervenga ante el Grupo Santander para que la entidad "reconsidere" sus planes de reducción de plantilla y cierre de oficinas, una decisión que la formación gallega critica, teniendo en cuenta que Santander ahora cuenta con más cuota de mercado y beneficios, y sus cuentas están saneadas.
En una batería de preguntas registrada en el Congreso por su diputada Yolanda Díaz a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación gallega integrada en el grupo confederal de Unidas Podemos señala que el pasado viernes el Banco Santander cerró 176 sucursales, dentro de su plan de ajuste e integración del absorbido Banco Popular.
Estos cierres se suman a las 37 cerradas en mayo, 79 en junio y otras 86 a principios de este mes de septiembre, enumera Díaz, que apostilla que este proceso, según alertan los sindicatos en el grupo, "se intensificará antes de que finalice el mes de noviembre con nuevas oleadas de cierres".
Con sus preguntas, Díaz quiere saber la valoración de estos planes por parte del Gobierno en funciones, teniendo en cuenta los beneficios con los que cuenta, si tiene conocimiento de los planes de reestructuración y reducción de plantillas, si se ha realizado o se prevé "algún tipo de intervención o mediación" para que Santander "reconsidere su decisión".
¿HUBO CONDICIONES DEL FROB O EL ANTERIOR GOBIERNO?
Asimismo, pregunta si en el proceso de venta del Banco Popular, adquirido por el Santander por el simbólico precio de un euro, el FROB o el anterior Gobierno puso algún tipo de condición en este proceso de venta que obligara a mantener plantilla o red de oficinas, o al menos "minimizar las posibles reducciones".
Por otro lado, también quiere saber si se ha mantenido algún encuentro con la dirección del Grupo Santander para analizar las consecuencias de esta reestructuración, teniendo en cuenta que "numerosas poblaciones y cientos o miles de personas se quedan sin servicio de banca presencial".
Díaz concluye su iniciativa llamando al Gobierno a adoptar medidas para contrarrestar el proceso de concentración bancaria, ya que considera que esta deriva "está conformando un oligopolio bancario muy peligroso, tanto para la economía como para la sociedad y la democracia".
