El fiscal del juicio a los dos acusados de elaborar y utilizar un certificado para lograr puntos en un concurso de méritos para una plaza de empleado público del Gobierno de Cantabria ha insistido en solicitar la libre absolución de ambos procesados.
Por su parte, la acusación particular, que ejerce un funcionario que no consiguió el puesto de trabajo, también ha elevado a definitivas sus conclusiones tras el juicio, manteniendo así los cuatro años de prisión reclamados a cada uno de los implicados, según han informado a Europa Press fuentes personadas.
La vista oral se ha celebrado este martes y miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, donde han sido enjuiciados el supuesto responsable de falsificar el documento y el que lo habría usado, logrando este último y gracias a ello el empleo en cuestión.
Ambos están acusados de falsificación de documento público, aunque la Fiscalía solicitaba su libre absolución al no ver suficientemente acreditado que tal certificación fuese "mendaz e inauténtica".
Una postura que ha mantenido el representante del ministerio tras el plenario, pues si bien ha admitido ciertas "dudas" las ha achacado a algún "error" y en todo caso cree que no son "suficientes" como para condenar.
Sin embargo, el abogado del funcionario que no consiguió el puesto de trabajo ha insistido en que el informe "falta a la verdad", de ahí los cuatro hechos reclamados a cada acusado.
HECHOS DENUNCIADOS
En los escritos de acusación se relataba que el primero de los procesados confeccionó en 2017 una certificación en la que expresaba que el segundo había desarrollado funciones de jefe de comarca entre junio de 2000 y diciembre de 2002 -un total de 268 días- cuando él, que era jefe de comarca en comisión de servicios, se encontraba en situación de vacación o permiso.
El segundo aportó esa certificación en el concurso de méritos para el puesto de agente de primera técnico auxiliar del Medio Natural y obtuvo 0,444 puntos por desempeño de tareas no incluidas en su ficha de puesto de trabajo. Finalmente, logró la adjudicación de la plaza.
Fue entonces cuando otro aspirante a ese puesto de trabajo -el que ejerce la acusación particular- decidió querellarse, al considerar que "no es cierto que el encausado desempeñase tales labores".
