El teléfono habilitado por el Gobierno de Cantabria junto un correo electrónico para atender e informar a ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas e inquiocupación ha recibido un total de 14 consultas desde su puesta en marcha, hace dos meses.
En concreto, el número 942 306 126, que entró en funcionamiento el pasado 22 de diciembre, ha registrado once llamadas, a las que se suman tres emails en okupacion@gesvican.es, según datos facilitados por la Consejería de Vivienda a Europa Press.
La petición de asesoramiento ha estado relacionada la mayoría de las veces con casos de 'inquiokupación', en concreto once, que suponen el 78,5 por ciento del total, y las tres solicitudes restantes han estado vinculadas a situaciones de ocupación.
La mayor parte de los temas están judicializados pero pendientes de resolución. En concreto, nueve están a la espera de respuesta judicial mientras que en los otros cinco aún no se ha presentado ninguna demanda ante los tribunales.
Por municipios, las llamadas solicitando información se han recibido de Camargo, Castro Urdiales, El Astillero y Limpias, de acuerdo con la información facilitada desde el departamento que dirige Roberto Media a esta agencia.
El objetivo de esta medida es brindar apoyo a los propietarios para aumentar la seguridad jurídica y orientarlos en las ayudas públicas que ofrece el Ejecutivo autonómico.
Así, a través del número de teléfono 942 306 126, que está operativo de 9.00 a 14.00 horas, y del correo electrónico okupacion@gesvican.es, los ciudadanos pueden acceder a asesoría inmediata proporcionada por especialistas de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional (OIHEH), así como un abogado con formación específica en la materia.
Desde este servicio se pretende dotar a los afectados de información precisa y una herramienta útil y accesible para defender su propiedad. Y es que además, la empresa pública Gesvican preparó una guía rápida de actuación ante posibles casos de ocupación.
Entre otras cosas, se aconseja a los propietarios que presenten denuncia a la Policía Nacional o Guardia Civil, así como recopilar toda la documentación que acredite la titularidad del inmueble.
