El titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Santoña ha declarado que Pedro Fernández Alonso, alcalde de Escalante, fue condenado a muerte por un tribunal militar de Santoña en 1937 "por su ideología política".
Asimismo, también ha declarado que su esposa, María Hazas Fernández, fue condenada en 1938 a doce años de prisión "por tener supuestamente una ideología de izquierdas y no ser recatada, es decir, hacer públicas sus ideas", además de por ser mujer del regidor, según señala el juez en sendos autos.
Atiende así a la solicitud de la Fiscalía de Memoria Democrática, que promovió los expedientes de jurisdicción voluntaria para la declaración judicial sobre hechos pasados tras recibir las solicitudes de las nietas de ambos.
En cuanto a Pedro Fernández Alonso, agricultor de profesión, la resolución judicial recoge que "fue sometido a un juicio sumarísimo y condenado a pena de muerte con exclusión o negación absoluta de cualquier derecho de defensa, sin poder aportar prueba alguna o hacer alegaciones".
Fue detenido e ingresado en prisión en agosto de 1937. Tras un juicio sumarísimo en Santoña, fue condenado a muerte por el delito de adhesión a la rebelión y fusilado en Bilbao en diciembre de ese mismo año.
Indica el auto que los hechos por los que habría sido acusado sería su afiliación a la Unión General de Trabajadores como delegado de Asistencia Social.
Añade que "no cometió delito alguno", que "se le sometió a una privación de libertad injusta y a una ejecución masiva contraria a los más elementales derechos del hombre" y que "su muerte fue demoledora para su esposa y sus hijos".
ESPOSA
En lo referente a María Hazas Fernández, el juez declara que "fue sometida a un juicio sumarísimo a pesar de ser civil" y condenada a prisión "con exclusión o negación absoluta de cualquier derecho de defensa".
Indica que "no cometió delito alguno" y "se le privó de libertad por ser esposa de Pedro Fernández Alonso". Además, señala que "sufrió graves secuelas psicológicas y físicas derivadas de su cautiverio durante más de dos años y por el posterior control en libertad vigilada".
Según la prueba documental recogida en el procedimiento, fue condenada junto a otras once mujeres a las que se atribuyó "de manera conjunta y general" su pertenencia "a partidos de izquierdas que no se recataban en publicar, figurando en manifestaciones como las celebradas el primero de mayo".
Además, las nietas testificaron en la vista oral celebrada ante el Tribunal de Instancia de Santoña que fue encarcelada encontrándose embarazada y que le permitieron salir durante un mes para dar a luz, regresando después a prisión junto a su hija.
El juez declara que María "sufrió las consecuencias de lo anterior durante su vida, imperando el silencio respecto del ámbito familiar", que fue condenada "a la miseria económica y marcada como roja", y que "sufrió con especial dureza la privación de libertad de su hija menor de edad".
Los autos acuerdan que se oficie al archivo correspondiente a fin de que se inscriba en el expediente judicial la declaración de nulidad de las condenas.
