El Gobierno de Cantabria (PP) ha reiterado que no está de acuerdo con la política de traslado de menores del Ejecutivo central y con la "imposición" de repartos a las comunidades o la falta de "diálogo" y "planificación", por lo que ha recurrido todas las normas en la materia y seguirá haciéndolo.
Pero, al mismo tiempo, cumplirá con la ley y protegerá a los menores migrantes no acompañados que lleguen mientras permanezcan en la región.
"Se puede ser firme frente al desorden en la política migratoria y, al mismo tiempo, cumplir escrupulosamente la ley, con cuidado a los derechos de los menores", ha defendido la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, esta tarde en el Pleno del Parlamento, donde ha respondido a una batería de preguntas de Vox.
La portavoz del grupo, Leticia Díaz, ha cuestionado a la también responsable de Juventud, Familias e Igualdad acerca de la planificación para el alojamiento de estos menores y en qué municipios, diferentes costes (de plazas concertadas y en materia educativa, social y sanitaria para la atención individual), el de la adquisición y/o alquiler de inmuebles o el total de gestión y mantenimiento, así como protocolos para garantizar la seguridad.
Tras las respuestas de la consejera, que no ha concretado al no ofrecer detalles y al ampararse en la ley y en las quejas a la gestión del Gobierno central, la diputada de Vox ha criticado que no haya "planificación" y sí "improvisación", a su juicio también por parte de la administración autonómica. Y junto a la "falta de transparencia total", Díaz ha alertado de la "inquietud" en los municipios, que es "absoluta".
Gómez ha explicado que el Ejecutivo cántabro planifica en torno a estos menores según va teniendo información del traslado, que recibe "con muy poca antelación".
Por lo demás, se ha amparado en la protección de estos migrantes no acompañados para declinar dar cuenta de la ubicación de los centros, de cuyo tipo dependen además los costes, entre otras variables, por lo que tampoco ha ofrecido cifras, ni individuales ni globales.
Lo que sí ha indicado es que no se van a crear "macrocentros" de acogida que "deshumanizan", sino que la región apuesta por una atención "más individualizada" en hogares "más pequeños", con profesionales y acompañamiento educativo y social.
La consejera, que ha vuelto a exigir al Estado una "planificación real" y "financiación suficiente", ha asegurado que en Cantabria "lo que no vamos a hacer es mirar para otro lado ni utilizar a estos menores como arma política".
"Este Gobierno -ha remarcado- tiene una obligación muy clara: cumplir la ley y cuidar a los menores, protegiendo el interés superior del menor. Y lo vamos a hacer, sin discursos vacíos, sin titulares fáciles".
"Si a algunos no les parece bien que cumplamos la ley, que lo digan abiertamente. Si a algunos no les parece bien que se protejan a los menores, que lo digan sin rodeos. Pero este Gobierno no va a hacer otra cosa que aquello que le está obligado", ha indicado Gómez a Díaz.
CONSEJO DE LA JUVENTUD
La consejera también ha intervenido en otro punto de la sesión vespertina relacionado con el Consejo de la Juventud y el Consejo de Políticas de Juventud --pendiente de constitución tras la aprobación de la Ley de Juventud-- y ha indicado al respecto que son dos órganos "complementarios".
Ha detallado que el primero "representa" y el segundo "coordina", y ha opinado que ambos "no deben enfrentarse", en referencia al ámbito político.
"Las políticas de la juventud no pueden convertirse en un arma arrojadiza, ni de una bandera partidista, ni de unos, ni de otros", ha sentenciado al contestar a una interpelación del PSOE que ha alertado que el Consejo de Políticas de Juventud puede convertirse en "un escaparate institucional" que "absorba la interlocución política" y deje al Consejo de la Juventud en "un rol secundario".
Gómez del Río ha afirmado que el deseo del Gobierno es que el Consejo de la Juventud tenga autonomía y capacidad de trabajo con herramientas para ejercer su función representativa con independencia y eficacia.
Ha señalado que su departamento mantiene el contacto con su presidencia y que este mes de febrero está convocado a una reunión para abordar el diseño del primer plan integral de juventud. "No es un invitado, sino que ha de ser un actor principal", ha sostenido.
El socialista Jorge Gutiérrez, que ha aseverado que el Consejo de la Juventud es "la herramienta democrática de participación juvenil por excelencia", ha incidido en que la juventud "no necesita escaparates, necesita influencia real" y ha advertido que su grupo no va a permitir "retrocesos" en esta materia ni en sus órganos de representación.
BECAS EDUCACIÓN
Además, en el Pleno, el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha señalado que su departamento está valorando aumentar el porcentaje de la beca al 75%, como piden las familias.
También ha indicado que el Gobierno introducirá "pronto" el concepto de renta per cápita para la concesión de las becas de comedor, aunque no ha dado una fecha concreta. Además, ha dicho que se realizará de forma progresiva para que sea "sostenible presupuestariamente".
El consejero, interpelado por Vox, ha incidido en que su departamento no lo ha introducido a la espera, entre otras cosas, de saber cómo va a impactar el decreto dictado por el Ejecutivo central en este ámbito y que va a "encarecer" el precio del comedor al introducir elementos de calidad, de productos de proximidad y ecológicos, y menús especiales por motivos éticos o religiosos.
A ello ha unido que se está trabajando en el nuevo acuerdo marco para 2026-2030 por el cual los centros pueden elegir a las empresas, que estará para antes de junio. Todo ello, ha recordado, en un contexto de prórroga presupuestaria. "Hemos preferido ser prudentes".
Silva ha hecho hincapié en que el 68 por ciento de los colegios públicos de la región ofertan el servicio de comedor y que 11.500 alumnos hacen uso de ellos cada semana, lo que supone una inversión de 4,2 millones de euros.
SUMINISTRO AGUA IES VIÉRNOLES
El consejero también ha sido preguntado por el PSOE acerca del problema de suministro de agua del IES Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles, por un fallo de presión que afecta a una quincena de edificaciones, incluido este centro educativo, y que confía en que esté resuelto esta primavera.
Para ello, Silva ha indicado que se ha preparado una relación valorada en 39.000 euros para intervenir en 415 metros lineales de tubería y resolver así los problemas que se han detectado en los baños del IES y que también afectan a otros edificios.
La previsión es que se licite por la vía más rápida, de modo que "si no nos da tiempo en este invierno, en esta primavera se actuará", con una inversión que superará los 110.000 euros.
