El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha participado este jueves, por videoconferencia, en el Consejo Consultivo de Política Medioambiental para Asuntos Comunitarios, en el que se ha aprobado el apoyo al desarrollo en España de la Estrategia de la Unión Europea sobre el suelo para 2030.
Se trata de una iniciativa comunitaria que pretende renovar las políticas medioambientales sobre el suelo en la Unión para poder aprovechar los beneficios que proporcionan los suelos bien conservados para las personas, los alimentos, la naturaleza y el clima, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.
Al igual que el resto de comunidades, Cantabria ha expresado su apoyo a la renovación de esta estrategia ante la necesidad de establecer medidas concretas para llevar a cabo esa protección, que movilice además el compromiso social y los recursos financieros, el conocimiento compartido, las prácticas sostenibles y el seguimiento para alcanzar los objetivos de la estrategia.
Así, persigue combatir la desertificación, restaurar tierras y suelos degradados, incluidas las afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y esforzarse por lograr un mundo sin degradación de la tierra, además de restaurar áreas de ecosistemas degradados y ricos en carbono, incluidos los suelos.
También eliminar gases de efecto invernadero en la Unión para el sector de uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y silvicultura; alcanzar un buen estado ecológico y químico en las aguas superficiales y subterráneas; reducir las pérdidas de nutrientes y lograr avances significativos en la rehabilitación de emplazamientos contaminados.
Todo ello para reducir la contaminación del suelo y lograr un Europa climáticamente neutra, así como una sociedad resistente al clima, plenamente adaptada a los impactos inevitables del cambio climático para 2050.
Todas las comunidades, incluida Cantabria, han aplaudido la renovación de esta estrategia porque permitirá dotar al suelo del mismo nivel de protección que el aire, el agua y el medioambiente marino, así como poner en valor el papel fundamental que desempeña el suelo a la hora de hacer frente a los desafíos de la sociedad, relacionados con la mitigación y la adaptación al cambio climático, la reversión de la pérdida de biodiversidad y degradación del territorio, la contención de la desertificación y el fomento de una economía limpia y circular.
Así, las comunidades han coincidido en la necesidad de que esta nueva estrategia cuente con la aceptación y participación de todos los actores sociales.
En este sentido, han reclamado una mayor participación y reconocimiento de las comunidades para la aplicación de la Estrategia, teniendo en cuenta las características, las singularidades y la problemática de cada territorio, y han abogado por usar instrumentos metodológicos comunes pero flexibles que permitan avanzar a los territorios.
También han abogado por implicar a los sectores privados relacionados con el uso del suelo y han defendido la puesta en marcha de planes de acción contra la desertificación para poder identificar las áreas vulnerables y la puesta en marcha de medidas para frenar su evolución.
Además, las comunidades han apostado por dar prioridad a las ayudas destinadas a la descontaminación de emplazamientos con pasivos mineros e industriales que puedan suponer un riesgo ambiental.
También han reclamado herramientas de financiación que permitan llevar a cabo una adecuada investigación e intercambio de conocimientos sobre contaminantes emergentes, metodologías de evaluación del riesgo de contaminación del suelo o mejores prácticas para la remediación.
Finalmente, han aplaudido la creación del Observatorio del Suelo como plataforma dinámica e inclusiva, que desempeñará un papel "clave" a la hora de apoyar las políticas de la Unión, garantizando que la Comisión pueda capitalizar la información disponible a través de flujos de datos integrados.
