La presidenta del PP en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha exigido al Gobierno de Cantabria que abandone la "imposición" y elimine las "trabas" que están abocando a las entidades del tercer sector a renunciar a desarrollar sus programas sociales "por unos cambios en la gestión y tramitación administrativa de las subvenciones que no son avances en los derechos sociales, sino recortes".
Buruaga ha denunciado que en la convocatoria de ayudas con cargo al 0,7% del IRPF para el próximo año el Gobierno de Cantabria elimina la posibilidad de reformulación, dejando "fuera de juego" a "numerosas" entidades sociales, especialmente las de menor tamaño, y prohíbe de forma expresa los programas de reparto de productos en especie a las familias en situación de vulnerabilidad.
A su juicio, esta prohibición supone poner "palos en las ruedas" a las organizaciones del tercer sector, que están asumiendo "buena parte" de la respuesta a las necesidades más básicas que los servicios públicos "no proporcionan con agilidad y eficacia".
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Buruaga ha hecho esta denuncia en rueda de prensa este martes, tras reunirse, junto a la diputada Isabel Urrutia, con Cermi Cantabria, el Banco de Alimentos Infantiles, la plataforma Romanés y Nuevo Futuro para abordar la nueva convocatoria de subvenciones para la realización de programas de interés social, que "se ha visto empañada" por la "sinrazón" del Ejecutivo autonómico.
Según ha advertido, al haber eliminado la posibilidad de reformulación, una facilidad que la Ley de Subvenciones y las bases reguladoras de estas ayudas otorgan a las entidades solicitantes y que permite ajustar los proyectos al importe concedido en el caso de que sea inferior al solicitado, "muchas entidades van a tener que recortar sus programas o renunciar a ejecutarlos".
"Estamos ante un auténtico despropósito que pone en riesgo programas sociales consolidados y que castiga especialmente a las entidades más pequeñas que tienen menos capacidad de cofinanciación y hacen labor de proximidad, pegada al territorio", ha valorado.
Así, ha indicado que no se trata de grandes ONG a nivel nacional, sino de entidades pequeñas que ayudan a las personas a llegar a fin de mes, acercan programas sociales al mundo rural para familias en situación de vulnerabilidad o de promoción de la vida autónoma, y que atienden a colectivos como la discapacidad, las enfermedades raras, la inclusión educativa y sanitaria de la población gitana, o programas conductuales para menores.
Asimismo, la dirigente 'popular' ha destacado que el Gobierno regional, "con la excusa del Covid y la falta de presencia del personal", convirtió en 2020 a Cantabria en "la única" comunidad que eliminó esta facilidad, y "ha convertido en costumbre y regla general una situación excepcional".
En este sentido, ha recordado que en octubre de 2020 el PP pidió en el Parlamento que se permitiera la reformulación y que la convocatoria de las subvenciones anuales se realizara en el primer semestre de cada año, previa negociación con las entidades.
Sin embargo, Buruaga ha lamentado que "todas estas demandas han caído en saco roto y lejos de dar marcha atrás, el Gobierno persevera en el error". "Más obstáculos cuando más certidumbre y más ayuda necesitan; imposición y trabas para las entidades del sector que las están abocando a renunciar a su labor social", ha criticado.
"Este es el escudo social de socialistas y regionalistas y estas son las obras de los que prometieron no dejar a nadie atrás. Una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo", ha concluido.
