Varias trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Cantabria se han concentrado este lunes frente al Parlamento regional para visibilizar la situación de "precariedad laboral" que atraviesa el sector.
Durante la movilización han mostrado carteles con inscripciones como 'Respeto a los trabajadores y calidad a los usuarios', 'Salarios dignos=vidas dignas', 'Sin nuestro trabajo el sistema de dependencia se hunde', 'Permiso médico retribuido ya' o 'Nos recortan el sueldo, no la voz'.
La movilización de estas empleadas dependientes del Gobierno regional y de las entidades locales y ayuntamientos se produce tras el aumento de la partida presupuestaria destinada por el Gobierno de Cantabria a financiar el SAD en 2026, ya que denuncian que dicha subida no repercute en una mejora de sus condiciones laborales, sino que beneficia principalmente a las empresas privadas adjudicatarias del servicio.
Estas profesionales han señalado que tienen un papel "clave" en el sistema porque prestan atención directa a personas mayores y dependientes, las asisten en sus actividades básicas y realizan una labor "esencial" de acompañamiento social para combatir la soledad no deseada. Pese a ello, han lamentado que cuentan con unas condiciones laborales "precarias y desactualizadas".
REIVINDICACIONES
Entre ellas, subrayan que utilizan sus propios vehículos para desplazarse entre domicilios, con un abono por kilometraje de 0,18 euros/kilómetro, una cuantía "congelada" desde 2008, según el convenio colectivo marco estatal de atención a las personas dependientes y promoción de la autonomía personal.
Asimismo, denuncian que el salario base establecido por convenio se sitúa por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, debiendo recurrir a complementos salariales para alcanzar el mínimo legal.
También alertan que, bajo la cobertura de un servicio sociosanitario orientado a la atención de personas mayores y en situación de dependencia, en "muchas" ocasiones se les exige realizar tareas propias del mantenimiento y limpieza del hogar, lo que desvirtúa la naturaleza asistencial del servicio.
En este contexto, reclaman actualizar el kilometraje hasta los 0,26 euros/kilómetro; un nuevo plus de desplazamiento; otro plus por desgaste de herramientas derivado del uso del vehículo propio; un incremento del salario base hasta equipararlo, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional; el reconocimiento profesional de las auxiliares como personal sociosanitario; recuperar un modelo de gestión pública del servicio y su municipalización; y el reconocimiento de las enfermedades musculoesqueléticas como enfermedades profesionales.
Además, reclaman un mayor participación, control, vigilancia y supervisión por parte de Gobierno y entidades locales de la actividad de las empresas adjudicatarias, especialmente en el cumplimiento de los planes de atención individualizada de las personas usuarias, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad centrado en la atención sociosanitaria y evitar un desempeño de tareas que conlleven a un uso indebido de los fondos públicos.
En esta línea, instan al Gobierno de Cantabria y a todos los grupos políticos del Parlamento regional a que no ignoren esta situación.
Las trabajadoras consideran que la única solución estructural pasa por la gestión pública y directa del servicio, evitando la intervención de empresas privadas con ánimo de lucro, a las que responsabilizan de la precarización laboral y del deterioro en la calidad de la atención prestada.
Según han indicado las auxiliares, son un millar de profesionales las que atienden a miles de personas mayores y dependientes en Cantabria.
