El exconcejal de Obras de Reinosa acusado de malversar casi 23.400 euros de caudales públicos mediante una decena de facturas por la adjudicación de pequeños trabajos para el Ayuntamiento, Julio César García, se ha declarado inocente en el juicio contra él, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Cantabria y en el que se defiende a sí mismo.
"No he pagado una sola obra que no esté bien ejecutada" y "no he tocado un euro que no me corresponda", ha sentenciado el procesado -y a la vez abogado defensor- en la vista, ante los miembros del tribunal popular que enjuiciará parte de esta semana y de la próxima los hechos, por los que se enfrenta a cinco años y medio de prisión que pide el fiscal, mientras él interesa su libre absolución.
El que fuera edil -también de Industria, Empleo, Participación Ciudadana y Policía- entre 2011 y 2015 ha intervenido en el plenario desde el estrado -en lugar del banquillo-, tanto para exponer las consideraciones previas a los jurados como para responder al interrogatorio del ministerio público y al suyo propio, sustituyendo en este último caso las preguntas y respuestas por un relato.
García, que accedió a la citada Concejalía tras las elecciones municipales a las que concurrió por el PRC (después de dejar el cargo encabezó la lista de Por Reinosa Agrupación Independiente), sí ha admitido la existencia de "algunas" transferencias de dinero del Consistorio a una cuenta suya, realizadas a través de una sociedad entre mayo de 2011 y marzo de 2012.
Pero ha explicado al respecto que las hizo en base a "anticipos" a cada uno de los dos hermanos vecinos del municipio que le denunciaron: "préstamos" hechos con carácter previo o simultáneo a una serie de obras menores encomendadas en edificios municipales para ayudarles, a petición del alcalde, el también regionalista José Miguel Barrio, ya que ambos tenían problemas y necesitaban trabajo.
Ha indicado que dichos montantes fueron devueltos a medida que recibieron los pagos por los trabajos efectuados, y junto a ello ha afirmado que vendió al Consistorio un dumper adquirido antes a otra empresa.
El encausado -que ha aseverado que constaba a través de empleados y técnicos municipales el desarrollo de los encargos- ha achacado la denuncia a que en un momento dado se negó a abonar una adjudicación por más de 7.000 euros al considerar que estaba "mal ejecutada", a partir de lo cual se descontaron pagos para "compensar" otros realizados, como la adquisición del citado vehículo a los contratados y debido a que presentaba diversas deficiencias o averías.
CULPABLE DE CREER EN LA RAZA HUMANA
El entonces responsable de Obras ha destacado que su relación con los contratistas fue "escrupulosa", aunque ha confesado que se arrepiente de su relación con ellos en el plano personal, por el "calvario" iniciado hace once años, ya que por haber "intentado ayudarles he salido escaldado". Pero, "no he cobrado un euro más de lo que yo he facilitado", ha zanjado.
"Me declaro inocente del delito de malversación y de los hechos que me imputan, y culpable de tener fe en la raza humana y de creer que estaba haciendo bien con todos los pagos por transferencia, porque no tengo nada que ocultar", ha declarado para cerrar su intervención.
Justo después, a preguntas de un jurado acerca de por qué prestó dinero a los denunciantes si sabía, como así lo ha manifestado, de sus antecedentes -problemas con drogas, en casa, etc-, el acusado ha indicado que lo hizo precisamente por eso, y porque uno de ellos había sido novio de una compañera de partido, que fue candidata antes que él.
Ha subrayado que en el momento de entrar en política "venía de una situación muy difícil" -estaba jubilado tras un tumor por el que dejó de trabajar y cerró sus empresas-, por lo que accedió con la "ilusión" de poder "hacer algo" por la gente desde las instituciones, pero "es una falacia. Se puede ayudar hasta donde se puede ayudar".
ESTUDIAR DERECHO EN VEZ DE TOMAR PASTILLAS PARA DORMIR
De cara al juicio, el procesado ha aportado nueva documentación -algo que "sorprende" al fiscal, al datar de los años en los que supuestamente se cometieron los hechos denunciados- y ha citado a once testigos más, entre ellos personal del Ayuntamiento, que no ha declarado ante el juez instructor de Reinosa.
Respecto al hecho inusual de que un acusado se defienda a sí mismo, Julio César García ha explicado que tras el procedimiento judicial iniciado hace diez años no podía "dormir", ya que albergaba "dudas más que existenciales" sobre lo denunciado. Pero, en lugar de tomar "pastillas", decidió estudiar Derecho, porque "no creía lo que estaba pasando", ha insistido.
Así, acabó la carrera en 2016, y desde entonces ha ejercido la profesión "con amigos", siendo este pleito -gracias al cual es abogado- el primero con jurado al que se enfrenta. Pese a ello, optó por defenderse al considerar que es quien "mejor conoce" lo que ocurrió. Ha resumido la denuncia como "una gran mentira".
FACTURAS FICTICIAS A TRAVÉS DE DOS PERSONAS QUE PODÍA MANIPULAR
Por su parte , el fiscal entiende que el acusado "se valió" de los dos hermanos a los que "podía manipular", para encargarles diferentes obras menores y emitir facturas "ficticias", por trabajos que no se hicieron o se acometieron de forma "fraudulenta".
Para ello, ha indicado el representante del ministerio público, abrió una cuenta bancaria "en connivencia" con los denunciantes y tenía las claves de la misma para controlarla. Así, cuando se abonaban las facturas, transfería distintas cantidades a sus cuentas, algunas a nombre también de su mujer y de su hija, que tenía 12 años.
Según el escrito de acusación del ministerio público, el exedil de Obras se aprovechó de su cargo y la "escasa formación y la situación de necesidad" de los dos hermanos denunciantes a los que ofreció la adjudicación de pequeños trabajos para el Ayuntamiento, a cambio de que abrieran una cuenta corriente en la que ambos figuraran como titulares y le autorizaran a él como disponente.
Al tiempo que les asignaba diferentes encargos, confeccionaba facturas para 'Obras y Reformas en General', nombre que se "inventó" para la labor de los autónomos contratados para servicios municipales, y poder dar "apariencia de validez a unos trabajos que no se habían realizado" y "cobertura a la compraventa ficticia a los mismos y a favor del Ayuntamiento de un vehículo especial (dumper), del que nunca fueron titulares".
El escrito de la Fiscalía enumera diez facturas ficticias por trabajos de desinfección (3.744 euros), en el ferial de ganados (7.202 y 4.106 euros), en la federación de peñas (1.062 euros) y en el tanatorio (1.684 euros), por retiradas de residuos en el Ebro (1.029 euros) y por obras de saneamiento en la casa de la juventud (5.089 euros) y en el campo de rugby (3.912 euros). También consta una por la venta del citado vehículo por 7.254 euros.
Posteriormente -prosigue el fiscal-, el concejal firmaba las facturas confeccionadas por él y las presentaba en el Consistorio para que satisficiera el importe de las mismas en la cuenta abierta a nombre de los hermanos, tras lo cual realizó diversas transferencias a cuentas suyas.
Para el ministerio público estos hechos constituyen un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por autoridad, por los que además de los cinco años y medio de cárcel también reclama 10.800 euros de multa, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis años, e indemnización de 23.393 euros.
El juicio continuará este martes con las primeras testificales y continuará hasta el 13 de julio, con la deliberación y el veredicto del jurado.
