Podemos ha solicitado a la Fiscalía de Menores de Cantabria que investigue si determinadas actuaciones del Ayuntamiento de Cartes relacionadas con el centro de menores migrantes propuesto por el Gobierno regional en el municipio "se ajustaron a la legalidad y al principio del interés del menor".
Entre los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía en el escrito registrado por Podemos se encuentran, en primer lugar, la publicación en redes sociales de información que permitía identificar la localización del recurso, lo que, a juicio, "podría haber comprometido la confidencialidad y seguridad de los menores".
Asimismo, el escrito recoge la emisión de una resolución municipal que ordenaba al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y la Fundación Cuin, gestora del centro, la "paralización inmediata" de la actividad del centro, "una medida que afectaba directamente al funcionamiento de un recurso de primera acogida".
Precisamente, este mismo jueves la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha suspendido esta orden de la alcaldesa.
También Podemos ha informado a la Fiscalía que, en dicha resolución, se indicaba que, en caso de no paralizar la actividad, el Ayuntamiento podría precintar las instalaciones, retirar materiales u ordenar a las empresas de servicios energéticos la supresión del suministro.
Por último, se señala la apertura de un expediente urbanístico, "incoado en un contexto de fuerte polémica pública generada por la llegada de los menores al municipio".
"LA PROTECCIÓN A LA INFANCIA, POR ENCIMA DE CUALQUIER CONTROVERSIA"
Podemos ha resaltado que el señalamiento público de menores "no tiene cabida ni justificación alguna" y ha reivindicado que la protección de la infancia "es un principio básico que debe situarse siempre por encima de cualquier controversia política o administrativa".
Ha subrayado que "ninguna institución puede exponer, directa o indirectamente, a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad" y ha considerado que la divulgación de datos que permitan identificar su ubicación constituye "una práctica incompatible con los estándares legales y éticos que rigen la protección de menores, sea cual sea su situación y en cualquier punto de Cantabria".
"Los últimos días han sido muy tristes, viendo cómo un pueblo de Cantabria ha sido noticia, no por su convivencia o su solidaridad sino por una polémica que nunca debería haberse producido", ha aseverado.
La formación morada ha lamentado también que "la atención mediática haya nacido de decisiones institucionales que han generado tensión social y preocupación innecesaria, en lugar de centrarse en la protección de los menores y en la responsabilidad compartida de garantizar su bienestar".
"Cantabria siempre ha sido tierra de acogida y comunidad y lo ocurrido estos días no refleja los valores reales de nuestros municipios ni de su gente", ha concluido.
