El martes arranca el juicio por los vertidos de Sniace al Saja-Besaya

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El juicio por los vertidos contaminantes de la empresa Sniace al río Saja-Besaya entre 2008 y 2010 comenzará este próximo martes, 9 de febrero, y se desarrollará durante siete jornadas, hasta el día 19 de este mes.

Los hechos, constitutivos de un posible delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, serán enjuiciados por el Juzgado de lo Penal número dos de Santander, aunque las sesiones se desarrollarán, a partir de las nueve de la mañana, en el complejo judicial de Las Salesas.

En total, hay ocho acusados, todos ellos miembros del consejo de administración de Sniace, y entre los que destaca el expresidente Blas Mezquita, que dimitió en enero de 2019, poco después de que la Audiencia Provincial de Cantabria les imputara por el presunto delito medioambiental.

Según el escrito del fiscal, que pide dieciséis meses de prisión y multa de 6.000 euros para cada uno de los implicados, la empresa carecía de autorización para realizar vertidos de las aguas derivadas de su proceso industrial al río Saja-Besaya, ya que la Confederación Hidrográfica del Norte le revocó en 2006 la que tenía desde 2002 "por el carácter abusivo de los vertidos que venía realizando".

Por otro lado, la compañía -que cerró hace justo ahora un año y se encuentra en fase de liquidación- obtuvo en 2008 Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente para verter las aguas procedentes del proceso industrial a la ría de San Martín a través de un colector de industriales y únicamente las aguas de refrigeración y pluviales o de escorrentía al río Saja-Besaya.

Tal y como mantiene la Fiscalía, el colector de industriales no estuvo en funcionamiento y la empresa, "a sabiendas de que carecía autorización administrativa para realizar vertidos de las aguas derivadas del proceso industrial en el río Saja-Besaya, de manera continua y reiterada realizó vertidos de dichas aguas, alterándose por ello la calidad de las mismas, no respetándose los parámetros acordados en la AAI".

En consecuencia, prosigue el escrito de acusación pública, "se vio gravemente afectada la calidad de las aguas del río Besaya", tal y como se desprende de las analíticas realizadas, entre otros, por el Instituto Nacional de Toxicología.

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"Los vertidos relatados han perjudicado la calidad de las aguas del río Besaya, generando una situación de riesgo grave para el equilibrio de los sistemas naturales y del ecosistema fluvial en general, generando unas condiciones inidóneas para la vida de los peces por ausencia de oxígeno", señala el ministerio, que añade que los valores de demanda química de oxígeno y de carbono orgánico total que se desprenden de las analíticas "son indicativos de contaminación por materia orgánica".

"Las concentraciones de sólidos en suspensión que el vertido de Sniace ha provocado influyen en la transparencia del agua, factor decisivo para la claridad y productividad de los ecosistemas, ya que las aguas turbias impiden la penetración de luz", además "crean depósitos sobre las plantas y branquias de los peces, favoreciendo la aparición de condiciones anaerobias y alterando la alimentación de determinadas especies piscícolas".

DELITOS Y PENAS DE LA FISCALÍA

Por todo ello, la fiscalía acusa al que fuera jefe de operaciones de la compañía como autor material de un delito continuado contra los recursos materiales y el medio ambiente, pues cree que es el responsable de la decisión de realizar los vertidos contaminantes.

También acusa al presidente de la compañía y al resto del consejo de administración como autores del citado delito, ya que considera que cometieron el ilícito por omisión, al ser conocedores de los hechos y no oponerse o prohibir los mismos.

La pena solicitada para cada uno de ellos asciende a dieciséis meses de prisión, multa de 6.000 euros e inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad relacionada con la emisión de vertidos al medio natural por tiempo de 20 meses.

Además, solicita que todos ellos indemnicen conjunta y solidariamente al Estado en la cantidad que se fije en sentencia o en ejecución de la misma por el perjuicio causado al medio natural.

ACUSACIONES PARTICULARES

Además, están personadas dos acusaciones particulares: Ecologistas en Acción, que se suma a la petición de la Fiscalía, y la Abogacía del Estado, que pide para cada uno de los ocho acusados una pena de dos años y seis meses de prisión, multa de 10.200 euros e inhabilitación para ejercer actividad relacionada con vertidos durante dos años.

La indemnización solicitada por la Abogacía del Estado para que abonen de manera conjunta y solidaria los ocho acusados asciende a cincuenta millones de euros.

El juicio está señalado para los días 9, 10, 11, 15, 17, 18 y 19 de febrero.