El secretario del Ayuntamiento de El Astillero ha tachado de "ilegales o prefabricadas" las bases para la contratación de la empleada municipal por la que el exalcalde Carlos Cortina está acusado de prevaricación administrativa y ha considerado además la trabajadora "presentaba muchas facturas" cuyo montante "se salía" del contrato menor. También cree que hubo "fraccionamiento" de pago, con diferentes propuestas de gasto por el mismo objeto.
Así lo ha manifestado este jueves en el juicio contra el exregidor del PP, que se enfrenta a diez años de inhabilitación para empleo o cargo público que pide la fiscal. También solicita que indemnice al Consistorio con 98.749 euros a aportar junto a la empleada implicada, por 38 facturas giradas entre enero de 2007 y abril de 2010, momento en el que cesó la relación contractual tras detectar el interventor una irregularidad. Además, esta acusación interesa un año de prisión y multa de 160.000 euros por tráfico de influencias para la procesada.
En la segunda sesión de la vista, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, se ha iniciado la prueba testifical tras el interrogatorio, el miércoles, de los dos acusados. Esta prueba ha incluido además de la declaración del secretario -esta causa partió de una denuncia suya- la de otros testigos, entre ellos el interventor municipal cuando comenzaron los hechos, que ha negado que propusiera o contratara a la implicada, extremo este último que -ha dicho- depende de Alcaldía y el Pleno.
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Ha precisado que si bien fue el "impulsor" de los trabajos encomendados en el marco de esta contratación -la elaboración de la futura relación de puestos de trabajo (RPT) en el Ayuntamiento-, no propuso a esta persona ni recuerda -ha manifestado- quién lo hizo, aunque en un momento dado supuso que podría ser el alcalde en calidad de órgano contratador. Pero "jamás en mi vida he propuesto al alcalde la contratación de una persona", ha sentenciado.
En el arranque del plenario, Cortina negó haber intervenido en la contratación en cuestión y apuntó que "el único" que participó en la misma fue el interventor municipal. Además, aseguró que nadie le advirtió nunca, ni antes ni después, de forma verbal o por escrito, de supuestos pagos o cobros indebidos en el Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular al verse perjudicado por posible malversación de caudales públicos y que el secretario ha cifrado en 114.000 euros.
Por su parte, PSOE e IU ejercen la acción popular al sumarse a la denuncia del secretario municipal, que ha indicado que la acusada empezó a trabajar para la el Consistorio de Astillero con un contrato temporal de junio a diciembre de 2006. Seguidamente, en enero de 2007 tuvo un contrato administrativo menor en base a una propuesta de gasto que aprobó la Junta de Gobierno Local, por 12.000 euros y un plazo que no se fijó, pero que no suele durar más de un año.
En su opinión, el "problema" en este caso, en el que se sucedieron más contratos y facturas y se contó además con una consultaría externa, es por un lado que un principio no se definió el periodo de tiempo de la contratación ni tampoco la persona que iba a realizar las labores previstas. Y por otro, que la acusada "presentaba muchas facturas" y por montantes que "se salían" del límite fijado para un contrato menor, ha apuntado el secretario, que ha hablado de "fraccionamiento" de pagos.
Al hilo, ha apuntado que los contratos menores es un tema que "lleva" el alcalde, que "por ley" es quien ordena los pagos, así como también dependen de él los amparados en decretos de Alcaldía -como el suscrito así y en este caso en el segundo semestre de 2008-, en tanto que el interventor se encargaba de "fiscalizarlo".
A este respecto, y a preguntas sobre el abono de facturas en 2009 y principios de 2010 sin contrato o soporte legal para hacerlo, este testigo ha manifestado que se abonaron "por consentimiento político", porque Cortina "firmó todas las órdenes de pago".
Sobre su relación con ambos, ha dicho que con el alcalde era "normal" y ha indicado que "nunca" tuvo ningún problema con la trabajadora, con la que tenía contacto "de cortesía" y a la que veía "frecuentemente" por el Ayuntamiento, en un despacho del PP, según ha precisado.
En línea con lo anterior, ha calificado de "muy estrecha" la relación del regidor con la hermana de esta empleada, que es funcionaria del Ayuntamiento y se encargaba de gestionar nóminas y personal (recursos humanos). "Ellos sabrán la confianza que tienen", ha expresado, para opinar a continuación que entre ambos había un "comportamiento atípico".
El secretario ha resumido que la acusada fue contratada pese a informes "negativos" suyos y "positivos" de su hermana, con la que ha negado tener "animadversión", aunque sí hubo una denuncia por supuesta "usurpación" de funciones, al "refutar" informes suyos.
Y ha agregado además que en procesos de selección de personal en los que participó la implicada estaba, presidiendo la comisión de valoración, el hermano del alcalde, que es "médico". "No es habitual", ha comentado al respecto.
Por su parte, el interventor municipal desde 2005 a abril de 2008, esto es, cuando sucedieron parte de los hechos enjuiciados, ha negado que pidiera contratar a la empleada procesada ni que interviniera en el proceso, sino que se la presentaron cuando empezó a trabajar en el Ayuntamiento.
Ha explicado que se reunía con ella "cada cierto tiempo" y se encargaba de supervisar su labor y hacer sugerencias o aportaciones a la misma, pues quería que la RPT "saliera bien". En este sentido, ha subrayado que la contratada tenía formación y experiencia en el ámbito de los recursos humanos y, por tanto, "capacitación" para el contrato suscrito, realizando "satisfactoriamente" el trabajo encomendado, que es "muy técnico" y "complejo".
Por lo demás, ha coincidido con el secretario en que "no es legal" tener dos contratos menores por el mismo objeto, y ha achacado a un "error" en la redacción del mismo la existencia de facturas que no se corresponden con el cometido encomendado, que según ha indicado se terminó a finales de 2007.
Al hilo de esto último, y a propósito de la fiscalización de las mismas, el interventor ha indicado que "lógicamente" lo hizo, pero ha apuntado en relación al hecho de que se siguieran abonando durante varios meses más con su "visto bueno" que tenía que supervisar "centenares de facturas". "El Ayuntamiento de Astillero es muy grande y el personal, muy limitado", ha justificado.
INTERLOCUTORA HABITUAL
En el juicio también ha testificado el consultor que colaboró con la acusada para elaborar la RPT y que ha indicado que la recuerda "perfectamente" pues era la "interlocutora habitual", y entre ambos hubo contactos "suficientes como para que yo me acuerde", ha dicho, de que era "la persona de referencia" en el Ayuntamiento de Astillero.
Además, ha negado que hubiera duplicidad del trabajo encargado, sino que la trabajadora y esta asesoría -con sede en Baleares- realizaron una labor "diferente". "Nuestra actuación se basó en la documentación que ella nos facilitó", ha explicado.
Por su parte, la adjudicataria del contrato para el estudio, análisis y descripción de puestos de trabajo del Consistorio ha indicado que el plazo de ejecución inicial de nueve meses contemplado en los pliegos se rebajó a siete, a los que se añadían los seis de la prórroga prevista.
Ha apuntado que el si bien el secretario hizo objeciones o sugerencias, no recuerda advertencias de ilegalidad. Y tampoco usaron el organigrama previamente elaborado por la trabajadora acusada porque "nunca lo hacemos", pues empiezan su labor "de cero".
El juicio continúa este viernes con la prueba testifical.
