El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos ha aprobado este viernes, en su sesión ordinaria del mes de enero, con los votos de PSOE, PRC, AVIP y Cs, la denegación de la ratificación del acuerdo de la Junta Vecinal de Quijano por el que se acordó la constitución de un consorcio con la empresa privada Fad Forestal, S.L.
El portavoz del grupo municipal de AVIP, Luis Sañudo, explicó que el informe jurídico sobre esta cuestión es "claro y taxativo" y hace referencia a que no se han seguido los trámites que recoge la nueva Ley de Contratación 9/2017 de Contratos del Sector Público, al igual que el técnico competente del ámbito municipal, quien recalcó "es claro" y dice que "se debe cumplir".
En los mismos términos, se expresó el portavoz del grupo municipal del PRC, Alfredo Rodríguez Otero, quien aseveró que el citado informe "está claro y no deja lugar a dudas", al tiempo que dio la "bienvenida" a las Juntas Vecinales a la nueva Ley 9/2017.
También el portavoz del grupo municipal de Cs, Marco Antonio Pelayo, justificó su voto de conformidad con el citado informe jurídico.
Por otro lado, PSOE, PRC y AVIP rechazaron con sus votos la moción presentada por el grupo municipal Cs para estudiar la posibilidad y necesidad -matiz éste segundo propuesto por el grupo municipal del PP- de extender Plan de gratuidad de libros de texto a los dos primeros cursos de Educación Primaria.
Luis Sañudo, concejal de Educación, reconoció que el fondo de la moción "no es malo", si bien apuntó "no es muy acorde a las peticiones que se vienen realizando constantemente en sesión plenaria o declaraciones mediáticas". "Tenemos que entender y saber que tenemos unas limitaciones presupuestarias, que hay que plantear y respetar", apostilló.
Por su parte, Rodríguez Otero tachó la moción de Cs de "incongruencia palpable", ya que, según dijo, esta formación pide contención del gasto y que no se asuman competencias impropias y, por otro, quiere que se suba el gasto en una competencia que no es propia.
"Nosotros tenemos dudas de la implantación y de la necesidad puesto que en la mayoría de los casos, no utilizan libros, es material fungible o los padres ponemos dinero para unas copias y unos trabajos, no se compran libros", relató el portavoz del grupo municipal del PP, Carlos Caramés, quien instó a Cs a proponer no sólo el estudio sino también "la necesidad" de ampliar el plan de gratuidad de libros sino también "puesto que muchos nos han transmitido que no se usan libros".
Pelayo aclaró que "no es una competencia ni propia ni impropia, ninguna administración tiene atribuida esta competencia", al tiempo que defendió que, una vez aprobados los presupuestos y las subidas de impuestos, "sí podemos opinar cómo queremos que se gaste el dinero".
El portavoz del grupo municipal del PSOE y concejal de Presupuestos, Roberto Ruiz Argumosa, hizo hincapié en que se trata de "ver las necesidades reales, analizarlas e intentar acertar con la respuesta que se da". "No simplemente es dotar por dotar o por comparación con otras partidas presupuestarias o servicios que da el Ayuntamiento", matizó.
La alcaldesa del municipio, Verónica Samperio, no se mostró partidaria de un Plan de gratuidad de libros de texto en 1º y 2º de Primaria, porque, según argumentó, dicho plan es para materiales que se pueden intercambiar durante varios cursos, algo que sucede, a partir de 3º de Primaria.
El equipo de gobierno (PSOE-PRC-AVIP) también votó en contra de la moción presentada por el grupo municipal del PP sobre la defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución, dejada sobre la mesa en el Pleno de diciembre para ser presentada como una Declaración institucional, y que, ante la falta de acuerdo por parte de los diferentes grupos que integran la Corporación municipal, fue debatida como moción.
La propuesta de acuerdo defendida por Caramés perseguía entre sus objetivos, además de defender y respetar la Constitución española, garantizar que los padres elijan el tipo de educación y el centro donde escolarizar a sus hijos o defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de una oferta plural, complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional.
Luis Sañudo consideró "un error" politizar ciertos "aspectos clave" de nuestra vida, en alusión a la sanidad, la justicia o la educación que, en su opinión, "debieran mantenerse fuera de toda influencia política", mientras que Alfredo Rodríguez Otero se mostró convencido de que el Ayuntamiento "no es el foro adecuado para discutir este tipo de cuestiones".
Para Roberto Ruiz Argumosa, la defensa del artículo 27 de la Constitución "se debe de hacer con rigor", al tiempo que aseveró que "nadie cuestiona ni la libertad de enseñanza ni el derecho a la creación de centros, ni el derecho a la formación religiosa, faltaría más".
No obstante, incidió en que "lo que sí es cuestionable que la libertad de la enseñanza suponga una obligación a los poderes públicos para concertar unidades", al tiempo que añadió que "esto no es un derecho constitucional sino una concesión que la legislación puede o no regular".
Verónica Samperio cerró el debate sobre la moción recordando que "la política debería ser hablar, consensuar y mantener los acuerdos en el tiempo", si bien, admitió, "con el escenario y los actores actuales esto es impensable".
