El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Santander ha condenado al Ayuntamiento de Astillero a pagar 17.500 euros a la Unión Temporal de Empresas formada por Ecocivil Electromur Ge SL y Betazul, S.A. por paralizar las obras del Puente de los Ingleses.
Así lo ordena el juez en una sentencia dictada el pasado 1 de junio y difundida este miércoles, en la que estima íntegramente la demanda interpuesta por la UTE contra la resolución del Consistorio que desestimaba, por silencio, la solicitud efectuada en abril de 2021 de resolución del contrato de rehabilitación y consolidación del cargadero de mineral de Orconera, adjudicado en diciembre de 2018.
En consecuencia, se anula la misma y el magistrado declara la resolución del contrato en cuestión, por causas imputables a la administración pública, a la que condena a pagar el 6% de beneficio industrial de las obras dejadas de ejecutar -12.823 euros- y a abonar también 5.196 euros, IVA incluido en este caso, por trabajos realizados no certificados aún por la arquitecta municipal, así como a cancelar y restituir la garantía definitiva prestada, importe que asciende a 17.539 euros.
El fallo, consultado por Europa Press, impone las costas al Ayuntamiento y no es firme, ya que contra el mismo cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Una vez conocida la sentencia, el PRC de Astillero ha acusado al alcalde, Javier Fernández Soberón, de Ciudadanos, de "despilfarrar" el dinero público, pues la paralización de estas obras ya ha supuesto un gasto de más de 100.000 euros en estudios, proyectos modificados, gastos judiciales, abogados e indemnizaciones desde diciembre de 2019, según cálculos de los regionalistas locales.
Su portavoz y exregidor, Franciso Ortiz, ha señalado en un comunicado que se trata de una sentencia condenatoria más a las ya recibidas por el regidor, y "que suspenden su gestión".
"Hace una semana la sentencia condenatoria fue por un valor de 1,2 millones de euros, por facturas aprobadas ilegalmente, ahora por una cuantía menor, por parar un proyecto aprobado por unanimidad de la Corporación en 2018", ha subrayado el edil del PRC, para quien esta resolución pone de manifiesto el "caos", "negligencia" e "ineficacia" de la gestión del alcalde.
