El alcalde de Ribamontán al Monte, el regionalista Joaquín Arco, recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la sentencia de la Audiencia Provincial que le condena a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa, por contratar a un arquitecto municipal sin convocar proceso selectivo alguno, fallo que en cambio le absuelve por su actuación en otros cinco expedientes por los que fue juzgado el pasado mes de diciembre.
"Ahora vamos a recurrir el (expediente) que nos falta. En cinco nos dan la razón y en este toca esperar un poco más", ha indicado el regidor del PRC a Europa Press tras conocer la resolución judicial, comunicada este miércoles y que no es firme, pues cabe apelar ante la Sala Penal del TSJC.
Hasta que se pronuncie el alto tribunal, la Sección Primera de la AP le condena a nueve años de inhabilitación -seis menos de los que pedían las acusaciones- como autor de un delito de prevaricación administrativa. En concreto, por contratar a un arquitecto municipal sin convocar proceso selectivo alguno, en base a acuerdos adoptados "anteponiendo su voluntad a cualquier otro razonamiento", es decir, "con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado".
Frente a esto, la Sala absuelve a Arco por su actuación en los otros cinco expedientes enjuiciados, al entender que unos casos actuó "conforme a derecho" mientras que en otros "estaba convencido de que cumplía la ley"
Así, la Audiencia elimina la continuidad delictiva que pedían las acusaciones -Fiscalía y PP-, que reclamaban un total de 15 años de inhabilitación. En la vista oral, desarrollada a lo largo de tres jornadas, el regionalista alegó que todos sus "pasos" tuvieron "siempre asesoramiento legal" y achacó lo denunciado a la "pésima" relación de la interventora con la abogada del Ayuntamiento.
Se sentó en el banquillo de los acusados a raíz de una querella de su antecesor en el cargo, José Luis Blanco Fomperosa (PP), al que este ingeniero industrial en electricidad arrebató la Alcaldía en 2015 por un voto de diferencia.
Tanto el concejal 'popular' como el ministerio público imputaban al regionalista supuestos pagos irregulares en 2016 y 2017, ya que los mismos contaban con informes en contra de la Intervención y reparos de ilegalidad de la secretaria municipal. Pedían 15 años de inhabilitación especial -para empleo o cargo público- como presunto autor de un delito continuado de prevaricación.
Inicialmente había otros cinco concejales implicados en esta causa, pero se archivó su imputación por un error en el procedimiento ya que sus declaraciones tuvieron lugar una vez concluido el plazo de instrucción previsto en la ley.
