Los dos concejales del PRC en el Ayuntamiento de Castañeda, Pablo González Aja y María Luisa Sáinz Abascal, han presentado su dimisión en señal de protesta por la aprobación definitiva del nuevo Reglamento Orgánico Municipal, al considerar que "vulnera los derechos de participación y fiscalización de la oposición y convierte el Pleno en un órgano sometido al control absoluto del alcalde", Marcos García (PP), que gobierna con mayoría absoluta.
Los regionalistas han formalizado su renuncia tras el Pleno celebrado este pasado jueves por la Corporación Municipal, que ratificó el reglamento y, con él, la "restricción injustificada de las funciones que corresponden a los representantes públicos elegidos democráticamente por los vecinos".
Según han explicado este sábado a través de un comunicado, esa nueva norma limita a una sola moción por grupo y sesión plenaria, fija en cinco minutos el tiempo máximo de intervención en cada punto del orden del día y restringe a cinco el número de ruegos y preguntas que puede formular cada grupo político, además de obligar a presentarlas por escrito con antelación.
A su juicio, esas limitaciones "no sólo vacían de contenido la función de control y fiscalización que corresponde a la oposición, sino que resultan incompatibles con el ejercicio efectivo de la representación política".
Asimismo, los regionalistas han criticado el procedimiento seguido por el equipo de Gobierno para la tramitación del Reglamento, con un proceso de participación ciudadana "meramente formal" y que careció de "una verdadera difusión entre los vecinos, pese a que el propio texto invoca la transparencia y la participación ciudadana como principios inspiradores".
El PRC también ha mostrado su preocupación por la "amplia concentración de facultades" que atribuye al alcalde para dirigir y cerrar los debates, alterar el orden del día o retirar la palabra a los concejales, "sin establecer mecanismos de revisión o contrapeso".
"No estamos dispuestos a ejercer como concejales de la oposición bajo un reglamento que restringe de este modo los derechos de participación y fiscalización", han señalado los ediles regionalistas.
ACCIONES LEGALES.
Ante esta situación, el PRC ha anunciado que emprenderá todas las acciones legales que resulten oportunas al entender que el Reglamento aprobado no se ajusta a Derecho y solo persigue "limitar todo control de la oposición".
Finalmente, los regionalistas han lamentado la imposición en el Ayuntamiento una norma que "no contribuye a una mejor organización y sólo persigue silenciar a los representantes elegidos por los vecinos para fiscalizar la gestión del alcalde y su equipo de Gobierno".
