El exalcalde de Santoña Sergio Abascal (PSOE) declarará este miércoles, 28 de febrero, como testigo en la causa contra la también exregidora de la villa, la igualmente socialista Puerto Gallego, y los ocho concejales de su equipo de gobierno inhabilitados por prevaricación administrativa en su etapa en el Ayuntamiento, por fraccionar contratos entre los años 2003 y 2009.
La comparecencia de Abascal será a las 9.15 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, en una vista en la que se verán los recursos de apelación presentados contra la sentencia condenatoria, dictada en noviembre de 2021 por la jueza de lo Penal 1 de Santander.
La declaración de Abascal deriva, por tanto, de la decisión de ese tribunal de incorporar la práctica de nueva prueba testifical y documental solicitada por la defensa de Gallego y sus ediles, que fue denegada al inicio de la vista oral por la magistrada.
Y es que la Sala también aceptó, a petición de esa parte, incluir diversos documentos relacionados con la contratación pública llevada a cabo cuando los procesados estaban en el Consistorio y expedientes de empresas que prestaban servicios.
Esta prueba ha sido propuesta por una de las defensas con el fin de "acreditar el esfuerzo realizado por mis representados en la regularización de todos los contratos objeto de imputación, muchos de los cuales venían siendo realizados por los mismos contratistas desde tiempo casi inmemorial, mucho antes del acceso a los cargos municipales de los imputados".
La Audiencia acordó admitir la prueba reclamada en un auto dictado tras el recurso interpuesto después del fallo condenatorio, prueba que se incorporará a la ya practicada durante el plenario, celebrado hace más de dos años en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas.
Después de la vista oral, Gallego fue condenada a cinco años de inhabilitación especial -para cargo público en la administración local- mientras que sobre sus ediles socialistas -acusados igualmente por aprobar por unanimidad el pago de facturas pese a los reparos del interventor- recayeron cuatro años de inhabilitación para desempeñar esos puestos o los de regidor, teniente de alcalde o cualquier otro electivo en el ámbito municipal.
