El exalcalde de Noja Jesús Díaz será juzgado el 25 de marzo por el 'caso Nocanor'

El exalcalde de Noja Jesús Díaz (PP) será juzgado el próximo 25 de marzo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria por el 'caso Nocanor'.

La Fiscalía solicita un año de prisión y 12 de inhabilitación para cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos en el caso de las licencias de la citada promotora.

El Ministerio Público acusa a quien fuera regidor de la Villa durante 27 años (1988-2015) de "retrasar" deliberadamente la concesión de las licencias para la construcción de 184 viviendas en la finca Socaire a Promociones Nocanor, con la finalidad de "perjudicar económicamente" a la constructora -la empresa familiar del actual alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín (PRC)-.

También está acusado el entonces secretario del Ayuntamiento, que se enfrenta a diez años de inhabilitación. El fiscal les acusa de dictar y amparar, respectivamente, "a sabiendas de su ilegalidad", diversas resoluciones administrativas que "contradecían frontalmente la legislación vigente, aplicando resoluciones diferentes a casos semejantes a los tramitados", con la voluntad de "retrasar" el proyecto de Nocanor.

La Fiscalía también pide para el exalcalde una multa de 6.750 euros, y que indemnice a Nocanor por los perjuicios causados, en la cuantía que se determine en el juicio o en ejecución de sentencia. Junto a la Fiscalía, también están personados el Ayuntamiento de Noja y Nocanor Promociones.

La empresa de la familia del actual alcalde regionalista añade a los delitos de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas, los de tráfico de influencias y cohecho, solicitando en total seis años de prisión, 26 años de inhabilitación para cargo público y una indemnización de casi 13 millones de euros. Para el secretario pide diez años de inhabilitación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Noja ha solicitado siete años de inhabilitación para ambos acusados por prevaricación administrativa, tal y como consta en el auto de apertura de juicio oral, fechado el 6 de julio.

La causa fue promovida por concejales del PRC contra el exalcalde del PP, e inicialmente se abrió por prevaricación, pero se amplió después a malversación y contra las garantías constitucionales.

Aunque inicialmente fue sobreseído, la Audiencia reabrió el caso y se volvió a instruir.

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