El fiscal del juicio contra el exalcalde de Noja Jesús Díaz (PP) ha elevado a definitivas sus conclusiones en el caso 'Nocanor' y ha mantenido así la pena solicitada para el principal acusado, de un año de cárcel y doce de inhabilitación para cualquier cargo de gobierno en las administraciones públicas por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios, por "dilatar" la concesión de licencias para la construcción de 184 viviendas en la finca 'Socaire' por parte de la citada promotora, la empresa familiar del actual regidor, el regionalista Miguel Ángel Ruiz.
Según la acusación pública, "está muy claro" que quien fuera primer edil de la Villa durante 27 años (1988-2015) intentó intervenir o participar en ese proyecto inmobiliario, que comenzó en 2006 con la compra-venta de la parcela, así como también "todo lo que se dilata" su desarrollo, hasta 2011 con la ejecución de parte de los inmuebles, tras no conseguir entrar en el negocio.
En esta causa, iniciada en 2015 a raíz de una querella de los concejales regionalistas interpuesta dos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales, también está imputado el secretario municipal del Ayuntamiento, como responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa por el que el ministerio público le reclama diez años de inhabilitación para el ejercicio de ese puesto.
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Además de multa de 6.750 euros para el que fuera primer edil del Consistorio nojeño, el representante de la Fiscalía interesa que ambos procesados indemnicen de forma solidaria en la cantidad que se determine en sentencia por los perjuicios causados a la constructora, en la "ruina" según su administrador -y hermano del actual alcalde- debido al retraso de esta promoción.
El abogado de 'Nocanor', que ejerce la acusación particular, introdujo el tráfico de influencias y el cohecho en su escrito inicial, que ha modificado en esta última sesión del juicio, celebrado esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y que ha quedado visto para sentencia.
Así, aunque mantiene los hechos, ha suprimido el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y ha sustituido el delito de cohecho (por el que pedía cuatro años de cárcel) por dos, cometidos en 2006 y en 2011, y penados cada uno de ellos con tres años, esto es, un total de seis solo por este tipo delictivo. A ellos suma 26 más de inhabilitación para el exalcalde -diez en el caso del secretario- y una indemnización de casi 13 millones a la empresa.
Por su parte, las defensas de los dos acusados han insistido en la libre absolución de sus respectivos patrocinados --que han ejercido el derecho a la última palabra, pero para adherirse a lo manifestado por sus abogados-- y el Ayuntamiento, --que ha seguido personado en la causa como responsable civil subsidiario, no como acusación particular que estaba en un principio-- ha introducido los matices de 'cosa juzgada' y 'prescripción' en su escrito final de cara a esa reclamación por una acción que considera "fenecida".
En su alegato final, el fiscal considera probados dos delitos "conexos": el de negociaciones prohibidas a funcionarios que sirvió de "base" al de prevaricación, así como la "subjetividad" de Díaz en el procedimiento, con "retrasos" en las licencias que no fueron "normales" sino que tuvieron el "plus" del segundo tipo delictivo, para el que hay prueba "suficiente" y cuyo "núcleo" reside en que se aprovechó de su cargo de alcalde.
El representante de la Fiscalía ha aludido a la "esquizofrenia procesal" en este pleito, con sentencias -como una del TSJC- por un lado y normas urbanísticas, solicitudes, informes y dictámenes por otro sobre la clasificación del suelo y la tramitación a seguir en función del tipo, que según ha remarcado era urbano consolidado.
Así, en el desarrollo "normal" hubiera bastado un proyecto básico, otro de ejecución y posteriores actuaciones urbanísticas, como han puesto de manifiesto "por activa y por pasiva" fallos de lo contencioso-administrativo y del TSJC. "Ha habido cierto batiburrillo y mucho ruido", ha opinado el fiscal, que ha resaltado que no se cambió "nada" del proyecto original y para quien ha quedado de manifiesto la "falsedad y contradicciones" de los acusados.
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
La acusación particular ha suprimido el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios que, en este caso, se "solapa" o es "bastante coincidente" con el de cohecho, que se aprecia -ha recordado- en la conversación del alcalde con el vendedor del solar en la que, según este último, el acusado le recordó que tenía que "tener en cuenta" que era él quien daba las licencias.
Ha subrayado así el abogado de 'Nocanor' el "interés" de Díaz y su mujer, que tenía empresas inmobiliarias, en esta operación, y ha tachado de "absoluta barbaridad" que la promoción urbanística tardase seis años, de 2006 a 2012. A su entender, todo lo que se hizo desde el planteamiento inicial -estudio de detalle o proyecto de compensación- "carecía de sentido" según el tipo de suelo.
Y la paralización de la obra durante un año fue "un certificado de defunción" para la promoción, ya que "espantaron a cualquier comprador". En este sentido, ha remarcado que no hubo ningún modificado en el proyecto que justificase la paralización "tan drástica y ruinosa" para 'Nocanor', con "gracietas" como, ha parafraseado imaginando lo que diría o pensaría el entonces alcalde: "Ya que no me dejan intervenir en el negocio, que no saque nadie beneficio de él".
De los informes técnicos esgrimidos por los acusados, este letrado ha dicho que son el "escudo y parapeto que usan los prevaricadores, que son inteligentes, y saben cómo funciona el sistema y lo que tienen que decir para que no les salpique a ellos". "Me cubro con informes para hacer lo que me da la gana y hacer lo contrario a la ley", ha apostillado.
El representante legal de esta empresa familiar cree que los funcionarios fueron "copartícipes" -como el secretario- o "víctimas" de la "jerarquía" del alcalde sobre ellos, y ha tachado de "muy infantil" o "inverosímil" los argumentos de la defensa, basados respectivamente en que el regidor no daba las licencias o que todos los retrasos fueron culpa de la promotora, que se "arruinó" co la inversión de casi 20 millones en 'Socaire'. De la responsabilidad civil solicitada, ha admitido que 12 millones -solicitado "como mínimo" aunque podría "ser más"- es una cantidad "importante" pero no "desproporcionada o abusiva".
Las defensas creen que no hubo "ninguna resolución grosera" del alcalde ni "elemento de prevaricación" alguno, y que el tráfico de influencias y el primero de cohecho estarían "prescritos". Pero "lo más Kafkiano" es que se introduzca en la vista un nuevo delito del segundo tipo, ha considerado el abogado de Díaz que, "guste o no guste", actuó "siempre" conforme a derecho y según las normas urbanísticas. Por contra, cree que 'Nocanor' se metió -ha dicho- en una obra "multimillonaria", en la que hubo "retrasos" y "les cogió" la crisis. De la reclamación, ha advertido que sería "la quiebra económica" del Consistorio.
El letrado del secretario ha expresado su malestar porque las acusaciones hayan traído "a sede penal lo ya juzgado en sede administrativa". "No es serio", se ha quejado, antes de resaltar que hay 54 informes técnico-jurídicos de ocho expertos, de los que se han seleccionado varios de modo "sesgado". Y también ha imputado las "dilaciones" a 'Nocanor'.
La última sesión del juicio ha incluido la prueba pericial con la declaración, entre otros, del exconsejero de Urbanismo y exsenador del PP Javier Fernández, que ha comparecido por un informe encargado por el Ayuntamiento con el que en junio de 2006 clasificó el suelo como urbano no consolidado.
