El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por la Asociación Salvar Torrelavega contra la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio, al considerar que no reúne los requisitos exigidos para su admisión y que el asunto carece de interés casacional para la formación de jurisprudencia, tal y como reseña la resolución a la que ha tenido acceso este medio.
La providencia, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y fechada el 2 de julio, rechaza el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ya había desestimado la impugnación de la ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega el 30 de julio de 2024.
El Alto Tribunal argumenta que la asociación recurrente no justificó de forma suficiente la existencia de interés casacional objetivo ni acreditó la necesidad de que el Supremo fijara doctrina sobre el asunto. Además, señala que la controversia planteada está estrechamente vinculada a las circunstancias concretas del caso y no presenta un alcance general que justifique un pronunciamiento para crear jurisprudencia.
En la resolución, la Sala recuerda que el recurso de casación no está concebido para revisar valoraciones fácticas de un litigio concreto, sino para resolver cuestiones jurídicas de interés general que permitan unificar la interpretación de la ley. También rechaza que exista ausencia de jurisprudencia en los términos alegados por la asociación recurrente.
Asimismo, el Tribunal Supremo impone las costas procesales a la Asociación Salvar Torrelavega, fijando un límite máximo de 2.000 euros, más el IVA correspondiente si procede, a favor del Ayuntamiento de Torrelavega, que se opuso a la admisión del recurso. La resolución es firme, por lo que pone fin a la vía judicial abierta contra la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones.
