El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha obligado al Ayuntamiento de Torrelavega a destinar a "inversiones reales" un total de 554.500 euros no aplicados al servicio de bomberos entre los años 2020 y 2023.
Lo ha determinado así la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en una sentencia, consultada por Europa Press, con la que revoca una previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander y anula también la resolución administrativa recurrida por los trabajadores.
El nuevo fallo, que impone al Consistorio el pago de las costas --limitadas a 1.000 euros--, no es firme, ya que contra el mismo cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Entre tanto, el TSJC obliga al Ayuntamiento a invertir la citada cuantía, más de medio millón de euros, en el Servicio contra Incendios y Salvamento (SCIS).
Con esta condena, el Consistorio deberá hacer esas "inversiones reales" en el servicio pero "no alterando presupuestos pasados, sino en la actualidad", en una cantidad que "dispondrá de los recursos propios que estime convenientes", pero "sin modificación presupuestaria antigua alguna", insiste la Sala.
CCOO PIDE LA DIMISIÓN DEL CONCEJAL DE SEGURIDAD
En un comunicado, Comisiones Obreras CCOO ha criticado la gestión municipal, toda vez que los fondos en cuestión, procedentes de aportaciones vinculadas a las aseguradoras a través de UNESPA, debían haberse utilizado para reforzar el SCIS, algo que no se produjo.
Ello se ha traducido en "carencias estructurales" del servicio, como falta de estudios técnicos sobre mapeos y sectorización, de acciones preventivas para conocer el entorno urbano donde se realizan las intervenciones, ausencia de protocolos y planes de acción, o insuficiente formación y prácticas para la plantilla, cita el sindicato, además de una "grave" situación en el parque móvil, con vehículos "obsoletos", falta de mantenimiento y adquisición de unidades de segunda mano.
Por eso, tras la sentencia del TSJC, la Federación de Servicios a la Ciudadanía entiende que existen "responsabilidades políticas claras" y ha exigido la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega, al considerar que la gestión ha sido "incompatible con la correcta prestación de este servicio esencial".
Por último, CCOO ha lamentado que la "falta de interés" por parte de las administraciones públicas "pone en riesgo a la población", y ha recordado la reciente tragedia de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, donde seis jóvenes fallecieron por "el mal estado de las infraestructuras y la falta de inversión".
