El Pleno de Torrelavega ha aprobado este martes la expropiación de tres fincas ubicadas en Torres, entre los ríos Saja y Besaya, y calificadas como sistema general, tras una demanda presentada por uno de los propietarios exigiendo este trámite.
La expropiación ha salido adelante en el primer Pleno municipal del año únicamente con los votos a favor de los partidos del equipo de Gobierno, PRC y PSOE, ya que el resto de grupos ha aludido a "falta de información" y "oscurantismo" y ha cuestionado que se adquieran unas parcelas afectadas por el río, la vía de tren y la autovía.
Regionalistas y socialistas han reconocido que estas fincas privadas, que se completan con otras dos colindantes, una municipal y otra de la Confederación Hidrográfica, tienen "condicionantes importantes" y "no son interesantes para el Ayuntamiento" de cara a desarrollar posibles proyectos, pero uno de los propietarios ha reclamado para que se cumpla lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1985 que las califica como sistema general y "tenemos que dar respuesta".
"El derecho de los propietarios está por encima. Les ampara la ley", ha sentenciado el concejal de Hacienda y portavoz regionalista, Pedro Pérez Noriega, tras explicar que ese espacio esta contemplado como sistema general y eso da derecho a los dueños a exigir la expropiación.
Por ello, y dado que creen que si la decisión se deja en manos de los tribunales el Ayuntamiento perderá la sentencia "con total seguridad", han aprobado la expropiación para tratar de llegar a un justiprecio -ha dicho que se han tasado en seis euros por metro cuadrado- y "adelantarse", evitando una posible condena "innecesaria" y las costas judiciales.
Sin embargo, la oposición -PP, ACPT, Ciudadanos (Cs) y Torrelavega Sí- ha abogado por acudir a los tribunales y dejar que sean los jueces los que decidan si la ley respalda a los propietarios que han demandado la expropiación, y han insistido en conocer qué se pretende hacer en esos terrenos, ya que inicialmente se habló de un parque fluvial pero ven difícil poder actuar, al menos no sin abordar primero una "maraña burocrática".
En este sentido, el portavoz del PSOE y concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca, ha aclarado que "ahora mismo no nos ocupa lo que se va a hacer ahí, nos ocupa la ley".
Tanto Urraca como Pérez Noriega han señalado que los informes de los técnicos y del secretario municipal avalan la necesidad de cumplir lo dispuesto por PGOU vigente, que data de 1985, y que se trata de un caso contemplado en la Ley del Suelo.
Y dado que varios concejales han apuntado que el equipo de Gobierno tiene "algún interés" con la adquisición o que quiere favorecer al propietario que ha hecho la reclamación, regionalistas y socialistas han asegurado que solo quieren evitar "ir a un juicio que vamos a perder". "Ahora mismo no llevar a cabo la expropiación lo único que va a ser es más coste", han insistido.
De hecho, el expediente para expropiar las fincas se dictaminó en Comisión de Hacienda en junio de 2021 pero no llegó a llevarse al Pleno para su ratificación, dejando de lado la compra de las fincas hasta ahora, cuando ha llegado la demanda.
Sin embargo, las explicaciones no han convencido a la oposición."Me da que pensar", ha dicho el concejal de Cs, Julio Ricciardiello; a lo que el de ACPT, Iván Martínez, ha añadido que quien ha interpuesto la demanda es la familia de un constructor torrelaveguense, al que cree que el PRC quiere "favorecer", y por ello ha acusado también a PSOE de haberse convertido en la "muleta" de su socio de gobierno.
EN CONTRA DE LA DEROGACIÓN DE LA SEDICIÓN
Por otra parte, el Pleno ha aprobado una moción que ha provocado la división de PRC y PSOE, ya que la Corporación ha mostrado su rechazo a la reciente eliminación del delito de sedición con el voto en contra de los concejales socialistas y de ACPT.
El texto de esta iniciativa, presentada por el PP y que ha sido respaldada por PRC, Cs y Torrelavega Sí, ha tenido que modificarse por parte de la portavoz 'popular', Marta Fernández-Teijeiro, porque pedía inicialmente solicitar al Gobierno de España la no revisión del delito, pero todos los grupos han señalado que era ya una petición "extemporánea" al haberse aprobado ya en las Cortes.
Y es que el PP llevó esta moción al Pleno de noviembre, antes de debatirse la reforma a nivel nacional, pero no llegó a abordarse porque la oposición abandonó la sesión como protesta después de que el concejal José Luis Urraca, también secretario general del PSOE de Torrelavega, se fuera de la sesión para acudir a un acto del partido coincidiendo con la visita de la ministra Pilar Alegría.
En el debate de este punto, Urraca ha destacado que gracias a las actuaciones del Gobierno central el independentismo en Cataluña "se ha reducido" y "ya no es un problema de primer orden" como cuando gobernaba el PP, además de que ha defendido que la reforma del Código Penal se ha hecho para acercarse al resto de legislaciones europeas.
Algo que han rechazado los regionalistas, que, en línea con los 'populares', han sostenido que se ha hecho para "pagar" el apoyo de los independentistas al Gobierno. "Hablar de otra cosa es engañar al ciudadano", ha respondido Pérez Noriega a su socio.
Finalmente, el Pleno ha rechazado otra moción del PP que instaba al alcalde, Javier López Estrada (PRC), a relevar a la concejala de Servicios Sociales, Laura Romano (PSOE). El equipo de Gobierno ha tumbado esta petición -que sí han votado a favor PP, ACPT y Torrelavega Sí, mientras que Cs se ha abstenido- poniendo en valor la labor de la edil y destacando que su área es "el más complejo de gestionar".
El resto de partidos han acusado a la concejala de no ser capaz de resolver los problemas de ese departamento y de que su departamento "no está atendiendo las necesidades" de las personas vulnerables. "La gente no quiere acudir a Servicios Sociales", han denunciado.
OKUPACIÓN
En este punto también se han referido a los problemas que sufren algunos vecinos por la 'okupación' ilegal en sus viviendas o vecindarios, en un Pleno al que, precisamente, han acudido varios representantes de los afectados con carteles con lemas como 'Stop okupas. Tu barrio seguro' o 'Por un barrio libre de okupas'.
El concejal de Cs, Julio Ricciardiello, ha denunciado en este sentido que la Sareb y el equipo de Gobierno "amparan" a los okupas frente a los "legítimos propietarios" en Sierrapando, tras haber renunciado al lanzamiento judicial de unas personas "que decían estar en situación de vulnerabilidad y se ha demostrado que no es así".
El edil, que ha calificado de "puñalada" a los propietarios esta decisión, ha preguntado en el Pleno por la intención de la administración de adquirir los inmuebles para "liberar" a los propietarios de la "condena y sufrimiento" que llevan padeciendo desde hace una década. Además, se ha interesado por conocer el número de okupas que residen en el edificio y cuántos se irán "una vez que finalicen las negociaciones con la Sareb".
