El Ayuntamiento de Torrelavega ha finalizado el expediente de la segunda auditoría realizada a la empresa Clece, concesionaria del servicio de limpieza de dependencias municipales, concluyendo que de aquel estudio se desprenden tres infracciones graves y tres leves por las que se impone una multa total de 81.582 euros.
Esta es la segunda sanción del Consistorio a la empresa por sus incumplimientos, pues la anterior --que se dio a conocer el pasado mes de noviembre-- derivó de la primera auditoría realizada. Al igual que en la segunda, también se detectaron tres faltas leves y tres graves, por lo que la cuantía de la multa es la misma.
La nueva sanción ha sido dada a conocer este miércoles en un comunicado por el grupo de la oposición ACpT, que tiene claro que "es momento de buscar otros modelos de gestión de los servicios municipales, alejados de la especulación empresarial que practican empresas en este tipo de servicios".
Según señala, las tres infracciones graves -que suponen 25.899 euros de multa por cada una- son no haber realizado la limpieza extraordinaria obligatoria en los centros educativos antes de comenzar el curso escolar, no haber empleado en la limpieza de los colegios los medios que decía en su oferta y no haber remitido los partes de trabajo de manera mensual.
Mientras, las infracciones leves -sancionadas con 1.295 euros cada una- son carecer de los productos de limpieza adecuados, el retraso "injustificado" superior a cinco días en la presentación de los informes periódicos mensuales y no limpiar con la maquinaria precisa.
El expediente al que corresponde esta multa es fruto de la segunda auditoría realizada a la empresa, que se realizó los días 7, 8 y 22 de septiembre de 2021 --la primera, de la que derivó la otra multa de la misma cuantía fue encargada en el mismo mes de 2020-- tras haber comunicado la Alcaldía a la empresa sus obligaciones de cara al inicio del curso escolar, según ha indicado ACpT.
El grupo ha denunciado la "especulación empresarial" que practican empresas de este tipo de servicios, consistente en "realizar menos horas de las contratadas para ahorrar el coste de personal, con herramientas deficitarias, pocos productos y dejando sin realizar tareas de carácter trimestral, semestral o anual". Además, ha añadido que "logran aumentar sus beneficios a costa de las condiciones laborales de las trabajadoras y de los pufos a las administraciones".
A juicio de la ACPT, la solución no pasa por el cambio de una empresa por otra, porque "volverá a incurrir en un futuro a corto plazo en los mismos problemas", por lo que apuesta por otro tipo de gestión.
Sin embargo, ha criticado que los partidos del equipo de Gobierno, PRC y PSOE, "prefieren que este servicio continúe en manos privadas, dando la espalda a las trabajadoras y poniendo la alfombra roja a especuladores para que continúen haciendo negocio".
