El pleno de Torrelavega ha acordadocon los votos de PRC y Ciudadanos (Cs) solicitar a la Delegación del Gobierno permiso para poder instalar cámaras de videovigilancia en la conocida como zona de vinos de la ciudad, y dotar a la Policía Local de un sonómetro móvil para ayudar en el control de los ruidos.
Este asunto, propuesto por Cs, fue apoyado con nueve votos, mientras que ha recibido las 12 abstenciones del PSOE, socio de gobierno del PRC, el PP y el Torrelavega Sí, mientras que ha rechazado este planteamiento los dos concejales de ACPT.
El concejal de Ciudadanos Julio Richardiello ha asegurado que la situación "ha llegado a su límite" y es necesario "tomar medidas" para la convivencia en la zona y ha opinado que las cámaras de vigilancia es una de ellas para dotar de herramientas a la Policía Local a la hora de hacer su trabajo.
A su juicio, la propuesta trata de atajar los problemas deconvivencias y actos vandálicos ocurridos en las últimas semana en la zona situada en la confluencia de las calles San José, Goya, Confianza, Alonso Astúlez y Limbo donde, en su opinión, es necesario restablecer "el orden y la tranquilidad". José Manuel Cruz (PSOE) han rechazado la instalación alconsiderar que afectará de forma negativa a la imagen de la ciudad y podría trasladar el problema a otros barrios, que, a su juicio, se produce en el exterior los locales por el mal comportamiento de algunos clientes tras cerrar los locales.
Iván Martínez (ACPT) ha criticado las cámaras de vigilancia porque supondría "convertir la ciudad en un gran hermano", y ha pedido mayor presencia policial y hacer cumplir las distintas ordenanzas municipales. Marta Fernández-Teijeiro (PP) ha calificado de "indignante" la situación que viven los vecinos de la zona y ha solicitado "mayor vigilancia policial" y obligar a los locales a "cumplir las normas" bajo apercibimiento de cierre, además de criticar la "falta de sensibilidad" del equipo de gobierno.
El portavoz del PRC, Pedro Pérez, ha anunciado que el Ayuntamiento estudia un proyecto para implantar cámaras lectoras de matrículas de vehículos en las entradas y salidas de la ciudad, como paso previo a instalar las de videovigilancia en zonas interiores para atajar los problemas de convivencia.
Tras el acuerdo plenario, ahora deberá ser el alcalde elque encargue informes jurídicos y policiales para determinar qué zona se debe vigilar, el tipo de cámaras y quién se encargará de custodiar las imágenes, como paso previo a la solicitud a la Delegación del Gobierno para instalar los dispositivos.
