Santander actualiza la ordenanza fiscal general para avanzar en la modernización de la gestión tributaria

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado la actualización de la ordenanza fiscal general para avanzar en la modernización de la gestión tributaria y facilitar los trámites.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que el proyecto de la nueva Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación de Tributos, actualizará el marco normativo que regula la gestión de los ingresos públicos municipales y que permitirá adaptar la legislación a la realidad administrativa, tecnológica y jurídica actual.

La nueva ordenanza sustituirá a la vigente desde 2003 y responde al compromiso del Ayuntamiento "de continuar avanzando hacia una administración más moderna, digital, eficiente y cercana, simplificando procedimientos, reforzando la seguridad jurídica y facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la ciudadanía y las empresas".

El concejal de Economía, Javier García Ruiz, ha destacado que esta actualización "supone un paso importante para adaptar la gestión tributaria municipal a la realidad actual", ya que se incorporarán herramientas que demandan los ciudadanos y ofrecerá una regulación "mucho más clara, moderna y garantista".

Uno de los principales objetivos de la ordenanza es seguir potenciando la administración electrónica y la automatización de los procedimientos tributarios, puesto que actualmente, más del 80% de las consultas tributarias ya se realizan por vía telemática, a través de la Oficina Virtual Tributaria o del servicio telefónico, mientras que cerca del 70% de los recibos están domiciliados, datos que reflejan la evolución de la relación entre la Administración y los contribuyentes y justifican la adaptación de la normativa a esta nueva realidad.

La nueva regulación profundizará en el uso de medios electrónicos para reducir tiempos de espera, facilitar la tramitación y ofrecer un servicio más cómodo y accesible.

Asimismo, consolidará el funcionamiento de la Oficina Virtual Tributaria, permitirá elegir el canal de relación con el Ayuntamiento, reconocerá plenamente la validez de los documentos electrónicos y reforzará el sistema de avisos mediante correo electrónico y SMS.

Además, se regulan expresamente herramientas como las declaraciones responsables, la posibilidad de no aportar documentación que ya obre en poder de la Administración o la tramitación de oficio cuando el Ayuntamiento disponga de la información necesaria, reduciendo así cargas administrativas para la ciudadanía.

Otra de las principales novedades de la ordenanza consiste en la incorporación de nuevos mecanismos destinados a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Entre ellos destaca la creación del Plan Personalizado de Pago, que permitirá distribuir determinados tributos mediante cuotas mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, sin intereses, ofreciendo una planificación más cómoda para los contribuyentes.

La norma flexibiliza los aplazamientos y fraccionamientos, amplía los plazos en determinados supuestos, establece la dispensa de garantías para deudas de hasta 30.000 euros e incorpora nuevos medios de pago como bizum, tarjeta bancaria, sede electrónica, domiciliación o transferencias en casos excepcionales.

También contempla medidas específicas de protección para contribuyentes en situaciones de vulnerabilidad, regulando fraccionamientos especiales y criterios sociales para determinadas actuaciones recaudatorias.

También la nueva ordenanza actualiza y unifica el conjunto de procedimientos relacionados con la gestión, inspección y recaudación de los ingresos públicos municipales, reforzando la claridad normativa y ofreciendo una regulación más completa de cuestiones como las declaraciones tributarias, las autoliquidaciones, los beneficios fiscales, la inspección, la recaudación ejecutiva, los recursos administrativos o los procedimientos de embargo y subasta.

Asimismo, introduce medidas destinadas a mejorar la eficiencia administrativa, entre ellas la eliminación de liquidaciones de escasa cuantía, iguales o inferiores a seis euros, el impulso de la tramitación de oficio y la automatización de numerosos procedimientos internos.