El PRC de Santander plantea mejoras fiscales para la población más vulnerable y el fomento del empleo

El Grupo Regionalista de Santander ha presentado un conjunto de alegaciones a la propuesta de ordenanzas fiscales 2022 del equipo de Gobierno PP-Cs enfocadas principalmente a los colectivos más vulnerables y al fomento de la actividad económica.

En concreto, las propuestas de los regionalistas se centran en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de Actividad Económica (IAE) y el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como una serie de bonificaciones en las tasas por licencia de apertura de establecimientos y en la de prestación de servicios de la policía, inmovilización, depósito, y retirada de vehículos de la vía pública.

De esta manera, el PRC propone que se amplíe la bonificación en el IBI en aquellas viviendas catalogadas de protección oficial para las personas con menos recursos con el fin de que "no se vean cargadas por este impuesto", además ampliar dicha bonificación hasta que finalice el plazo de calificación de la vivienda, ya que apunta que Ley de Haciendas Locales recoge una bonificación de hasta el 50% para dichas edificaciones.

Igualmente aboga por regular una bonificación de hasta el 90% del IBI a las familias numerosas y hasta el 95% de los inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas declaradas de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico, artísticas o de fomento del empleo y cuyo sujeto tribute en Santander.

En relación al IAE plantean la ampliación de la bonificación del 15% al 50% a cinco años para aquellos que hayan aumentado el número total de trabajadores de su plantilla con contrato indefinido.

MODIFICIACIONES TASAS MUNICIPALES

El Grupo Regionalista también ha propuesto una serie de modificaciones a dos tasas municipales, una la de licencias de apertura, donde pide establecer una reducción del 90% a desempleados de larga duración, así como para los menores de 30 años.

Otra es la referente a la prestación de servicios de la policía, inmovilización, depósito y retirada de vehículos de la vía pública, donde los regionalistas apuestan por aplicar un descuento del 50% por pronto pago.