La Plataforma Salvar la Magdalena ha exigido al Ministerio de Transición Ecológica la retirada del espigón de la playa de la Magdalena, después de que el Pleno de Santander haya aprobado este jueves una moción del Partido Popular instando al Gobierno de España a paralizar su desmantelamiento y retomar la construcción del que falta.
El colectivo, que inició en 2018 una campaña para detener el avance de las escolleras, que en su opinión "amenazan" la integridad natural de la playa de la Magdalena, también ha anunciado que se va a volver a movilizar ante "los intentos" de la alcaldesa, Gema Igual, de retomar las obras y completar el segundo espigón.
A su juicio, con su postura Igual "busca defender unos intereses que poco tienen que ver con el interés general de los vecinos de Santander".
En nota de prensa, la plataforma defiende que Santander "es la única ciudad" del norte de España que dispone de dos playas en plena zona urbana, como son La Magdalena y Peligros, con un alto grado de naturalidad y orientadas al sur.
Añade que otras playas del norte trasladan arena anualmente "de una punta a otra" para mantener su aspecto, y La Magdalena y Peligros "merecen, con mayor motivo, un tratamiento similar, para preservar la alta calidad de su singular paisaje".
Señala igualmente que el coste anual de distribución de arena de La Magdalena-Peligros es de "unos 50.000 euros", un gasto que considera "fácilmente asumible" cuando el presupuesto municipal para el mantenimiento de playas es de "un millón de euros, el de parques y jardines de 11 millones, y el coste de las innecesarias escolleras es de más de 2 millones".
Por ello, defiende "el derecho" a seguir disfrutando de la naturaleza y belleza de las playas de La Magdalena y Peligros y del "excepcional y emblemático paisaje de nuestra bahía como siempre hemos hecho".
La plataforma recuerda asimismo que, con el cambio del Gobierno de España en 2019 se logró detener, gracias a la presión de la ciudadanía, el avance de las obras del segundo espigón y el compromiso de retirada del primero, cuyo expediente de ejecución sigue su curso y exige al ministerio que lo culmine.
