El médico agredido en el centro de salud Los Castros de Santander en mayo de 2022 ha relatado este martes en el juicio las secuelas que padece a raíz de aquel episodio, en el que perdió gran parte de la visión del ojo derecho y psicológicamente sufre un estrés postraumático "bastante potente" por el que cambió de lugar de trabajo, se redujo media jornada y toma "mogollón de medicación psiquiátrica".
"Pese a toda la medicación que tomo y a las terapias a las que me sigo sometiendo, no soy capaz de dormir más de cuatro horas. Todos los días me despierto a las cuatro o cinco de la mañana empapado en sudor, con un dolor torácico que es ansioso", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que "no es capaz" ni de acercase al centro de salud donde sufrió el ataque y que durante su trabajo ha tenido que ser atendido en algunas ocasiones simplemente por escuchar que alguien eleva el tono de voz en otra consulta.
Por su parte, el acusado de agredirle a él y a un celador ha asegurado que únicamente dio "un cabezazo" al facultativo y fue porque éstos "iban a por él", además de que el médico le golpeó primero cuando iba a grabar un vídeo para quejarse de que "no le querían atender".
El joven, que tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos, se enfrenta a 13 años de prisión que piden la fiscal y las acusaciones particulares por delitos de lesiones y atentado -al estar considerados los facultativos autoridad-.
Ese día fue al centro de salud con su madre, que estuvo en consulta antes de la agresión y también está acusada por un delito leve de amenazas, ya que algunos testigos aseguran que "jaleó a su hijo", le dijo que "siguiera pegando" a la víctima y advirtió a los sanitarios: "No vais a salir de aquí". "No sabéis con quien estáis tratando, voy a quemar (el centro) con todos dentro".
Ella ha ofrecido la misma versión de su hijo, y ha señalado que cuando abandonaban el centro vio que los dos sanitarios salían "a pegarle", uno con "un hierro": "Eran dos hombres contra un bebé".
La Audiencia Provincial de Cantabria ha celebrado este martes el juicio contra ambos, en el que además de las penas e indemnizaciones por los daños al médico y al celador, las acusaciones han pedido que la responsabilidad civil subsidiaria recaiga en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) porque "no había medidas de seguridad" en el ambulatorio -ni cámaras ni personal de seguridad- y se han implantado con posterioridad.
"Hay una falta de medidas de seguridad asombrosa", ha dicho una de las partes que han pedido esta medida. En concreto, lo han solicitado la fiscal, los letrados del médico y del celador y la del Colegio de Médicos de Cantabria, que ejerce la acusación popular.
Éstos han señalado que ya existía el Plan de Prevención ante Incidentes Violentos, con medidas que "seguro se anunciaron a bombo y platillo, pero hasta hace poco no se habían implantado". Aunque no ha comparecido ningún representante legal del SCS pese a que ha sido citado, sí ha estado la letrada del Gobierno regional, que al respecto ha argumentado que éste es un protocolo que no tiene rango de ley, además de que entonces no eran obligatorias las medidas de control citadas.
