El Juzgado de Primera Instancia nº 2 y el nº 2 Bis de Santander, encargados de ventilar los asuntos relacionados con cláusulas abusivas, han resuelto desde su especialización, en junio de 2017, el 76,6 por ciento de los procedimientos que han ingresado, por encima de la media nacional, que fue del 71,6 por ciento.
Esto significa que casi ocho de cada diez asuntos que han llegado a estos órganos ya han sido ventilados, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en nota de prensa.
Y es que a lo largo del pasado año, ambos órganos alcanzaron un nivel de resolución "muy elevado", con una tasa de 1,24, lo que se traduce en que se resolvió un número igual al de asuntos que entraron y un 24 por ciento más.
Esa elevada resolución se traduce en un incremento en el número de sentencias dictadas durante la anualidad pasada del 50 por ciento respecto a 2020.
Los asuntos que a 31 de diciembre de 2021 se encontraban pendientes eran un 16,4 por ciento menos que los estaban tramitándose un año antes.
Según los datos recopilados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde junio de 2017 se han registrado en estos órganos un total de 18.693 asuntos y se han resuelto 14.321.
Ello sitúa la tasa de resolución en 0,77, lo que significa que se ha ventilado el 76,6 por ciento de lo que se ha ingresado, casi ocho de cada diez asuntos. A nivel nacional, la tasa de resolución desde la creación de los juzgados se encuentra en 0,72.
En los más de cuatro años de funcionamiento de estos órganos, se han dictado 10.619 sentencias y a 31 de diciembre de 2021 se encontraban en trámite 4.372 asuntos.
RESULTADOS EN 2021
El pasado año, los juzgados de cláusulas ingresaron 3.534 asuntos, un 5,1 por ciento más que en 2020, año marcado por la crisis sanitaria. Se trata del mismo incremento que registró la media del país (5 por ciento).
La resolución aumentó un 34,7 por ciento más respecto al año anterior (a nivel nacional creció un 24,4 por ciento) y la tasa de resolución se situó en 1,24, por encima de la media del conjunto de las comunidades autónomas, que fue de 1,23.
Finalmente, se dictaron 3.596 sentencias, un 50 por ciento más que en 2020, casi el doble que el incremento registrado por la media nacional, del 27 por ciento.
