Izquierda Unida (IU) Santander defenderá en el próximo Pleno municipal una propuesta para que el Ayuntamiento inste al Gobierno regional a reformar la Ley 5/2014, de Vivienda Protegida de Cantabria, que regula las Viviendas de Protección Oficial (VPO), con el fin de que estas mantengan su calificación de protegidas de forma permanente y "no pasen, tras un tiempo, al mercado libre como ocurre en la actualidad".
Con la legislación vigente -similar a la de la mayoría del Estado- las viviendas protegidas pierden su condición tras un periodo de años, que van entre 10 y 30 dependiendo de las condiciones, lo que permite que sean revendidas a precio de mercado.
"En un país con una crisis estructural de acceso a la vivienda y precios desorbitados, es inadmisible seguir permitiendo que lo que se construye como vivienda pública acabe nutriendo al mercado privado. Es una contradicción frontal con el propósito mismo de las VPO e implica deshacerse de toda la inversión pública que supone generar vivienda protegida", ha afirmado en un comunicado el concejal de IU, Keruin Martínez.
Por ese motivo, la formación propondrá que, en Santander, así como en Cantabria, se adopte un modelo que lleva más de dos décadas funcionando en el País Vasco, Navarra o más recientemente en Galicia, como es una protección perpetua de la vivienda adquirida como protegida.
"De este modo, desde 2003, ningún vendedor que haya comprado una VPO podrá, pasado un tiempo, especular con ella y venderla al precio de vivienda libre", ha explicado Martínez, que ha considerado que eso también "da más armas a la Administración, al permitirle contar con un porcentaje de viviendas que esté regulado y verdaderamente protegido y, en caso de que un propietario de VPO quiera deshacerse de ella, la administración se reserva el derecho de tanteo".
Martínez ha recordado que su formación ya logró, en el último año, un cambio importante en los estatutos de la SVS, para que esta dejara de vender la totalidad de las viviendas que promueve, y conservara así un porcentaje para destinarlas a alquiler asequible.
"Hasta entonces, la empresa municipal se limitaba a construir y vender. Eso no es política de vivienda pública, es actuar como una promotora más. Ahora, al menos, una parte de esas viviendas se queda para el alquiler, que es donde está hoy el mayor impedimento para garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna", ha indicado.
