El Gobierno de Cantabria ha garantizado que el servicio de Atención Inmediata a la Infancia y Familia seguirá siendo público y ha subrayado que el traslado a una nueva ubicación es fruto exclusivamente para garantizar un cuidado a los menores conforme a "estándares de calidad del siglo XXI".
"Está totalmente garantizado, al cien por cien, que el servicio va a continuar siendo público, con personal público y en unas instalaciones públicas", ha subrayado el Ejecutivo en nota de prensa, a raíz de la concentración realizada por sindicatos que han denunciado el cierre y la externalización del centro.
Según ha explicado, el servicio se trasladará a una nueva ubicación por dos motivos. En primer lugar, porque las actuales instalaciones "no son acordes" al modelo de atención consensuado desde hace años a nivel internacional, que sostiene que este servicio debe prestarse en un centro "lo más parecido a un entorno familiar".
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En este sentido, ha apuntado que el edificio actual, nacido en losaños 40 como orfanato, tiene tres plantas, baños compartidos y salones comunes.
En cuanto a la segunda razón del traslado, el Gobierno ha afirmado que el grado de ocupación "ha caído" en los últimos años, gracias al "éxito" de otros programas de Infancia, como el Acogimiento Familiar, en el que Cantabria es "referencia" a nivel nacional.
A su juicio, esta situación ha llevado, a su vez, a que el personal que presta el servicio esté "sobredimensionado" y ha añadido que la media de ocupación en el último año ha sido de 10 menores para una plantilla formada por 60 profesionales.
De esta forma, el compromiso del Ejecutivo es que el cambio de ubicación "no tenga impacto en el empleo" y ha asegurado que alrededor de una veintena de trabajadores seguirán prestando el servicio en las nuevas instalaciones, mientras negocia con los sindicatos la recolocación del resto de empleados en otros servicios y programas públicos.
"El servicio es necesario y va a continuar siendo público. En ningún momento se ha pensado en su privatización, se traslada de ubicación", ha recalcado, reiterando que la medida vela por el interés de los menores y por la eficiencia del gasto público; y supondrá recuperar dos viviendas para uso público que estaban cedidas a una entidad privada.
Cantabria cuenta desde 2008 con un manual sobre acogimiento residencial que recomienda la permanencia del menor en su propio hogar, mientras sea posible, y de no ser así, su traslado a una familia de acogida.
