El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santander, César Díaz, ha acusado al también portavoz y concejal socialista Daniel Fernández de recurrir "a la mentira y los insultos ante la falta de argumentos veraces que sustenten su labor de oposición".
En respuesta a las declaraciones realizadas esta mañana por Fernández, que ha acusado al PP de no haber promovido "ningún avance" en Santander esta legislatura, Díaz ha recalcado que los santanderinos "conocen perfectamente el gran avance" que ha experimentado la ciudad los últimos cuatro años y el trabajo desarrollado durante la pandemia para ayudar a las familias y empresas, materializado en dos planes de choque que sumaron más de 70 millones de euros.
En cuanto a las acusaciones de Fernández sobre el servicio de basuras, ha aclarado "por enésima vez" que el Consistorio no tiene que pagar 2,5 millones a la anterior adjudicataria (Ascán). "Por activa y por pasiva, le repito que ha sido una retención a cuenta y además la actuación municipal ha ahorrado a los santanderinos casi un millón de euros por los descuentos aplicados", ha señalado.
En este sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento "ha defendido en todo momento los intereses de los ciudadanos", y fruto de ello son las cantidades que se han retenido en las facturas que debían pagarse, mes a mes, a la anterior concesionaria desde junio de 2020 hasta septiembre de 2021.
De esa cantidad retenida de la factura de cada mes, que se corresponden con 6 conceptos, los juzgados "han estimado que el Ayuntamiento hacía bien al no pagar los importes correspondientes a 4 de ellos" y "solo en dos (personal y recogida de papel-cartón), estima que no se han acreditado suficientemente los incumplimientos y, por tanto, le corresponde su cobro a la UTE", ha precisado.
No obstante, estima que, en todo caso, se pueden compensar en el marco del expediente de liquidación derivado de la resolución del contrato, donde las partes pueden reclamarse recíprocamente lo que proceda, ha añadido Díaz.
"No se trata de ninguna manera de un gasto extra para el Ayuntamiento, sino que, al contrario, ha ahorrado hasta ahora a los santanderinos 900.000 euros, que han permanecido en todo momento en las cuentas municipales, dado que los juzgados han ratificado que la empresa no debía cobrarlos porque no había prestado esos servicios", ha dicho.
Además, según Díaz, la justicia también ha establecido que "antes de que se abone un euro a la UTE, ésta deberá depositar un aval, algo que no ha hecho". "A día de hoy el Ayuntamiento sigue teniendo en su poder el montante total de las facturas retenidas y no ha salido ni un solo céntimo de las arcas municipales", ha matizado.
Del mismo modo, ha desmentido las afirmaciones de Fernández sobre que el nuevo contrato de emergencia es más caro que el antiguo. "El coste actual del servicio que se presta a través del contrato de emergencia siempre está por debajo del que suponía con anterioridad", ha asegurado el portavoz del PP.
Respecto al nuevo contrato para la adjudicación del servicio, Díaz ha señalado que "sigue escrupulosamente los trámites y los plazos que marca la ley" por lo que "en ningún caso podrá adjudicarse en mayo, como ha dicho el portavoz socialista, que vuelve a tergiversar la realidad a su antojo sin ningún fundamento lógico", ha subrayado.
Por otro lado, ha reprochado al concejal socialista "sus propias incoherencias y contradicciones cuando se trata de caminar por donde marca la ley". Así, ha afirmado que el PSOE, junto a los demás grupos de la oposición y Cs, "ignoró deliberadamente" los informes de los cuatro letrados de la asesoría jurídica municipal y "se saltó la jurisprudencia para tratar de modificar el reglamento del Pleno en una maniobra que les resultó fallida y que acabó con la nulidad de la comisión de investigación".
También ha insistido en que el nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos, en licitación por 22,7 millones de euros y un plazo máximo de 10 años sin posibilidad de prórroga, incluye la revisión de precios, el mantenimiento de los puestos de trabajo y el cumplimiento obligado de los sucesivos convenios colectivos.
De esta manera, Díaz ha ratificado que el pliego de condiciones tiene en cuenta los marcos de la normativa laboral vinculada a la concesión, y ha reiterado que todos los empleos y las condiciones de los trabajadores están garantizados conforme a lo que determina la ley.
