El desmontaje y demolición de la antigua Residencia Cantabria arrancará este viernes, 6 de febrero, tras una década cerrada y deteriorándose, y tendrá una duración de un año y medio, según ha confirmado el consejero de Salud, César Pascual (PP), tras adelantarlo El Diario Montañés.
Con motivo del inicio de los trabajos, encargados a la empresa pública Tragsa, el Gobierno de Cantabria celebrará allí un acto en el que se aportarán detalles de la actuación.
La Residencia Cantabria abrió en 1969 y cerró en 2016 tras 47 años de actividad, un periodo en el que fue testigo del nacimiento de la mayoría de cántabros, entre otras actividades sanitarias.
El proyecto de la empresa pública Tragsa para el desmantelamiento y demolición de la Residencia tiene un importe de 16,5 millones de euros.
La presencia de amianto ha añadido complejidad a este proceso y ha obligado a su desmontaje. Está previsto que estos residuos vayan al vertedero de amianto que se está ejecutando en Castañeda, el primero de Cantabria en poder acoger este material ya que hasta ahora debía enviarse fuera de la comunidad.
El derribo del emblemático edificio sanitario de Cantabria es el primer paso para el impulso del Parque de Innovación en Salud.
La fórmula mediante la que se encargó a Tragsa el derribo de la Residencia, sin concurso público, no estuvo exenta de polémica y de hecho el contrato estuvo paralizado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) ya que la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) lo recurrió alegando que iba en contra de los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública.
Posteriormente, el TARC desestimó en 2025 el recurso y levantó el proceso de contratación.
Antes de dicha resolución, en noviembre de 2024, el Parlamento aprobó por unanimidad una iniciativa, promovida por Vox, para exigir al Gobierno que presentara en la Cámara los informes técnicos que acrediten que era necesario contratar a esta empresa pública estatal de forma directa, "excluyendo así la competencia del sector empresarial".
Desde el PP, se defendió la actuación del Ejecutivo afirmando que era "perfectamente legal" y "reduce el coste" de los trabajos. Pese a ello, el Grupo Popular --como el resto-- apoyó la iniciativa porque está de acuerdo con que se presente al Parlamento la documentación necesaria y con que se cumpla la Ley de transparencia, pero ha advertido que "no es cierto que no se esté cumpliendo".
