La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha registrado un escrito ante la Concejalía de Personal y Protección Ciudadana de Santander en el que exige la resolución del contrato de las emisoras de la Policía Local, Agentes de Movilidad, Protección Civil y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios tras "innumerables fallos" que suponen un "constante riesgo" para la seguridad de las personas, empleados municipales y ciudadanía en general, desde su implantación en 2016.
Así lo ha anunciado el delegado de CSIF en el Ayuntamiento, Manuel Garzón, que ha explicado que, en estos momentos, "se dan situaciones tan absurdas como que en el mismo coche patrulla funcione la emisora de un agente pero no la de su compañero".
Garzón ha subrayado el "deplorable funcionamiento" de las comunicaciones, que ha sido denunciado "en reiteradas ocasiones" desde que, a raíz de una "decisión política", se instalase la Red DMR que sustituyó al anterior sistema, gratuito para la Corporación municipal y que además "funcionaba perfectamente".
Tras seis años de "quejas continuadas" de los usuarios de la red, "que se juegan el tipo a diario, a menudo, sin poder pedir ayuda como consecuencia de los problemas técnicos que sufren", CSIF ha requerido la instalación de un sistema de comunicación "realmente eficaz y acorde a lo que necesita un municipio de gran población" como es el caso de la capital cántabra.
Garzón defiende que "todo contrato administrativo ha de contemplar su resolución en caso de incumplimiento" por parte de la adjudicataria, que en este caso "no ha aportado soluciones solventes hasta la fecha", a pesar de que se aprobase un "infructuoso" pliego de prescripciones técnicas para la mejora y mantenimiento de la Red DMR usada por los servicios municipales de seguridad en mayo de 2019.
Esta licitación contaba con un presupuesto base de 445.426 euros "destinado sin éxito a paliar las deficiencias" detectadas hasta entonces. En este sentido, el sindicato ha recordado que la cláusula octava de dicho documento regula las penalizaciones a imponer en caso de no haber prestado la debida asistencia, algo que, según los perjudicados, ocurre desde la puesta en marcha de la actual red.
