La jueza que instruye la causa contra los dos hombres, hermanos y vecinos de Reinosa, que denunciaron al exconcejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento ha acordado continuar las diligencias abiertas contra ambos, por si los hechos investigados fueran constitutivos de un delito contra la administración de justicia.
Así lo ha decidido la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, dictado a finales del pasado mes de diciembre, a raíz de la querella interpuesta hace un año por Julio César García, en su día edil en el Consistorio.
Fue denunciado por los ahora investigados -Juan Carlos y José Miguel del Olmo Seco- por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, por incorporar más de 23.000 euros de las arcas municipales a su patrimonio.
El juicio, en el que García se defendió a sí mismo, se celebró con jurado popular en la Audiencia Provincial que, tras el veredicto de culpabilidad, condenó al exconcejal a dos años de prisión.
Los miembros del tribunal concluyeron que el implicado se había concertado con los dos denunciantes para abrir una cuenta bancaria en la que se ingresó dinero que el Ayuntamiento pagaba por obras que supuestamente ambos realizaron y después se transfería a su cuenta personal, hasta la suma de 23.393 euros.
Pero el exedil apeló ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que revocó el fallo de la Sección Tercera de la AP al entender que los hechos probados no son constitutivos del citado ilícito -en su modalidad de administración desleal y continuado-.
La Sala de lo Penal del TSJC concluyó que el procesado no incorporó a su patrimonio dinero del Consistorio, sino privado, propiedad de los dos reinosanos a los que encargó unas obras y que luego le denunciaron, y que no causó perjuicio a la administración local, que ni siquiera se personó como acusación en este proceso.
Tras este fallo absolutorio, García -que se licenció en Derecho a raíz de este procedimiento- se querelló contra ambos hermanos por denuncia falsa y falso testimonio en el juicio, por asegurar -en calidad de testigos y bajo juramento- que no habían realizado ninguna obra para el Ayuntamiento, que no tenían conocimiento de una cuenta a su nombre, que no facturaron nunca por los trabajos al Consistorio o que no habían concertado un préstamo ante notario.
Extremos que, en opinión del querellante, quedaron acreditados en el plenario y en otras comparecencias, de ahí el procedimiento iniciado contra ambos a raíz del cual se iniciaron diligencias previas.
Después de tomarles declaración, la jueza ha acordado continuar con su tramitación y trasladar a la Fiscalía y acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias.
