La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presidido este lunes la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en donde ha detallado a las comunidades autónomas los criterios para la distribución de los recursos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de saneamiento y depuración, gestión de residuos y conservación de la biodiversidad.
Tal y como ha informado el Ministerio, en la reunión Ribera ha explicado la propuesta de subvención destinadas al saneamiento y depuración en las aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes equivalentes, que no cumplen con la Directiva europea de aguas residuales.
A esta subvención se pueden acoger aquellas actuaciones que no estén declaradas de interés general del Estado, es decir, las de competencia autonómica o municipal. Se trata de un programa que, según señala Transición Ecológica, "complementa y amplía las inversiones" sobre esta materia con financiación europea y tiene como objetivo acelerar las inversiones necesarias durante el periodo 2021-2023.
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La vicepresidenta Ribera ha explicado los criterios para la distribución regional de estas ayudas, que en todos los casos deben asegurar el cumplimiento de la directiva, la innovación tecnológica y contribuir a los objetivos del reto demográfico.
FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
La sectorial ha tratado también las bases para la territorialización de las subvenciones dirigidas a financiar inversiones en materia de gestión de residuos. En este sentido, Ribera ha explicado que el importe total de las inversiones asciende a 421,12 millones de euros, incluyendo los 415,25 del Plan de Recuperación, así como los 4 millones del PIMA Residuos y 1,87 millones del Programa de Economía Circular incluidos en los Presupuestos Generales para 2021.
En cuanto a los criterios de reparto, el Ministerio ha explicado que las cantidades tendrán en cuenta la generación de residuos municipales, la distancia de cada autonomía respecto al objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado para 2025 y su densidad de población.
Transición Ecológica indica, además, que estas ayudas se destinarán a proyectos en cuatro grandes líneas de actuación, que son las que fueron identificadas para España por la Comisión Europea en junio de 2019: Implantación de nuevas recogidas separadas; construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos; construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos; e inversiones para instalaciones de recogida, triaje y clasificación y mejora de las plantas de tratamiento.
Ribera ha informado de que las comunidades autónomas deberán distribuir el dinero que se les asigne entre estas cuatro líneas manteniendo los porcentajes de distribución, si bien, dispondrán de un plazo máximo de quince meses desde la aprobación del acuerdo de Consejo de Ministros para aprobar las convocatorias autonómicas de concesión de las ayudas y proceder a su adjudicación.
En cuanto al plazo de ejecución de los proyectos financiables, se podrán tener en consideración los proyectos iniciados con fecha posterior al 1 de marzo de 2020, si bien su ejecución deberá finalizar como muy tarde el 31 de mayo de 2026.
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Finalmente, Teresa Ribera ha avanzado los criterios de reparto de fondos para inversiones previstas en el componente de conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Aunque, según señala el departamento que dirige, "aún hay cuestiones pendientes" para la configuración final de este fondo, Transición Ecológica trabaja con las autonomías para ir avanzando en los proyectos susceptibles de optar a estas inversiones, que para este 2021 ascienden a 601 millones de euros, de los 1.167 contemplados hasta 2023.
De esta cantidad hay un bloque de más de 425 millones de euros cuya ejecución está prevista íntegramente por la Administración General del Estado y que irá destinado a la mejora y gestión de conocimiento, la implementación del Convenio CITES, medio marino, renovación de bases BRIF o adquisiciones y renovación de aviones anfibios contra incendios, indica el Ministerio.
Del mismo modo, indica que, los restantes 740,5 millones sí tendrán una concreción en el territorio, bien a través de la actuación de las comunidades, a través de inversión directa o de convocatorias de subvenciones por parte de la Fundación Biodiversidad, el Organismo Autónomo Parques Nacionales o la propia Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.
En este bloque se contemplan, además, inversiones de 60 millones de euros para actuaciones de corrección de tendidos eléctricos en prevención de electrocuciones de avifauna; otros 130.5 millones de euros dedicados a la recuperación de zonas afectadas por la minería, y 550 millones para actuaciones de infraestructura verde y restauración, recuperación de especies y ecosistemas o actuaciones forestales y biodiversidad urbana.
