PP, PRC y PSOE han aprobado en el Pleno del Parlamento este lunes una proposición no de ley (PNL) mediante la que el Gobierno regional tendrá que aprobar en un máximo de tres meses un Plan Integral de Formación para el Servicio de Extinción de Incendios Forestales.
La iniciativa ha partido de los socialistas, y los 'populares', que sustentan el Ejecutivo, la han apoyado señalando que se está trabajando en un "ambicioso" plan de formación continua para todo el personal operativo, que incluirá a bomberos, agentes de medio natural, técnicos y emisoristas.
Según lo aprobado por la Cámara, el plan deberá incluir un módulo obligatorio de formación inicial de al menos 100 horas para cada nueva incorporación, un programa anual de "reciclaje técnico" -con contenidos en comportamiento del fuego, seguridad operativa, primeros auxilios tácticos o análisis meteorológico-, un itinerario profesional que permita la acreditación oficial de mandos intermedios y directores de extinción, con requisitos claros y certificación homologada; y formación obligatoria en EPIs, descontaminación post-incendio, riesgos cancerígenos y seguridad laboral.
Asimismo, el Gobierno (PP) deberá designar un Centro Autonómico de Formación Forestal responsable de la programación, acreditación y evaluación del plan y establecer un sistema de formación conjunta y simulacros en el que se coordinen las cuadrillas, el INFOCANT (Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Cantabria), el 112, mandos municipales y agentes medioambientales.
En un plazo máximo de seis meses, tendrá que presentar en el Parlamento un informe que incluya el calendario de implantación del plan, los recursos asignados y el número de personas trabajadoras formadas, así como informar de su grado de cumplimiento antes de que termine la legislatura.
El PSOE ha presentado esta PNL con el objetivo de velar por que "quienes se juegan la vida por proteger nuestros montes y pueblos cuenten con la formación necesaria para hacerlo con seguridad y eficacia".
La diputada socialista Norak Cruz ha advertido que "Cantabria se encuentra muy lejos del nivel de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF)", dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica, y ha argumentado que las nuevas incorporaciones al operativo "están recibiendo formaciones de apenas 10 horas, sin acreditación técnica homologada, sin los módulos específicos obligatorios y sin un plan de reciclaje anual que garantice un nivel profesional mínimo", lo que "no es suficiente" para enfrentarse a situaciones que "son muy frecuentes en esta región".
Una postura que ha compartido el PRC, que ha añadido que Cantabria tenía iniciativas formativas "más estructuradas, con cursos presenciales de mayor duración y con prácticas operativas y cierta continuidad en la capacitación de las cuadrillas". Para la diputada Rosa Díaz, "se ha ido debilitando progresivamente todo este sistema", lo que repercute en la seguridad laboral.
Desde el PP, Belén Ceballos ha aclarado que la formación actual "cumple con los requisitos legales" y está avalada por el Comité de Lucha contra Incendios Forestales dependiente del Ministerio. Aún así, ha indicado que se trabaja en el citado plan de formación continua y que la Dirección General de Montes y Biodiversidad ha organizado un programa de formación de refuerzo por el que pasarán todos los bomberos forestales antes de que termine el 2026.
Así, la 'popular' ha defendido que el Gobierno "tiene clara su hoja de ruta" y "trabaja para cuidar los montes de Cantabria", "apoyar al sector forestal, acompañar a las entidades locales y poner en valor lo que durante mucho tiempo no se ha aprovechado como se merece".
Finalmente, Vox se ha abstenido --al igual que el diputado no adscrito Cristóbal Palacio-- ya que había presentado una enmienda que el PSOE no ha aceptado, y en la que entre otras cosas pedía retirar la petición de crear un Centro Autonómico de Formación Forestal, para que la PNL no fuera "una excusa" para crear "un nuevo chiringuito que alimente el caciquismo".
El grupo está de acuerdo en que la formación "debe mejorarse", pero "lo que no aceptamos es que el PSOE venga hoy aquí dando lecciones de previsión cuando han tenido años para profesionalizar este servicio y sin embargo lo mantuvieron en la precariedad", ha dicho la portavoz, Leticia Díaz.
Tras esta iniciativa se ha debatido otra PNL del PRC que proponía medidas para proteger el Parque Natural de Oyambre --como regular el número de plazas de aparcamiento y áreas de autocaravanas--, pero no ha salido adelante al contar con el rechazo de PP y Vox.
El portavoz del Grupo Regionalista, Pedro Hernando, ha denunciado el "preocupante estado de conservación" de este espacio que forma parte de la Red Natura 2000 por la "presión urbanística y turística", de ahí las medidas que reclamaba, elaboradas en colaboración con organizaciones como Ecologistas en Acción, ARCA y la Plataforma Salvar Oyambre.
Entre ellas, urgía un Plan Rector de Uso y Gestión de la Zona de Especial Conservación (ZEC), buscar mecanismos de financiación europeos para proyectos de conservación o aplicar el régimen sancionador previsto, ya que la degradación de este espacio "vulnera la normativa europea e implica una pérdida irreversible de biodiversidad".
Sin embargo, el PP ha rechazado la propuesta defendiendo trabajar "no solo con los ecologistas", sino también con los ayuntamientos implicados. "Habrá que conjugar medidas de recuperación medioambiental y de desarrollo socioeconómico".
Y ha asegurado que el Gobierno ya "trabaja para proteger nuestros espacios naturales que nos los hemos encontrado un poco olvidados". "Es en lo que estamos trabajando, porque nos encontramos con nada hecho", ha sentenciado Ceballos.
Vox también ha votado en contra y ha replicado al PRC que ha sido "su inacción durante décadas" en el Gobierno lo que "ha puesto en riesgo de destrucción el entorno del parque".
Frente a ellos, el PSOE --tras aportar una enmienda-- ha votado a favor argumentando "la presión urbanística, el turismo intensivo, la alteración hidrológica y la contaminación de los humedales han ido deteriorando un ecosistema frágil y estratégico", y en este contexto "no actuar no es una opción política más: es exponernos a sanciones europeas y, lo que es peor, a una pérdida irreversible de biodiversidad".
