Los rectores celebran el decreto-ley que permite la contratación indefinida de personal investigador

Crue Universidades Españolas (asociación de la que forman parte los rectores de 76 universidades españolas) celebra la aprobación del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, que permitirá adelantar la contratación indefinida de más de 25.000 investigadores en España. Además, los rectores agradecen que se hayan atendido gran parte de las peticiones de la Crue.

La asociación considera que, con la nueva norma, se dota de mayor seguridad jurídica a las universidades públicas, se "despeja la incertidumbre" en la que se encontraban más de 25.000 investigadores y se evita el "riesgo real de colapso" en el que se encontraba el sistema de I+D+I.

El Real Decreto-ley contempla la singularidad del ámbito científico y facilita a las universidades públicas los procedimientos para actuar con la agilidad que requiere un entorno internacional tan competitivo como es el de los proyectos y contratos de investigación e innovación.

Así, recuerdan que gracias a esta norma ya se puede aplicar en las universidades públicas la nueva figura contractual para actividades científico técnicas, prevista en el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de la Ciencia, aún en proceso de tramitación parlamentaria. Igualmente, permite a estas instituciones la contratación inmediata de personal de apoyo a la investigación de manera indefinida.

TANTO POR UNIVERSIDADES PRIVADAS COMO PÚBLICAS

No obstante, Crue espera que durante la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley o en la convalidación del decreto-ley se incluya claramente en el texto que estas dos figuras contractuales, además de todas las demás, puedan ser empleadas tanto por las universidades privadas como por las públicas, como ya solicitó Crue en la formulación de sus propuestas de enmiendas del proyecto normativo.

Igualmente, los rectores esperan que la duración de los contratos quede vinculada a la financiación de la línea de investigación, como recoge la actual ley de la Ciencia en la disposición adicional vigesimotercera.