Los juzgados y tribunales españoles procesaron a 18 personas físicas y tres personas jurídicas por delitos de corrupción durante el tercer trimestre en el marco de seis procedimientos judiciales, ninguno en Cantabria, según consta en el repositorio de datos sobre casos de corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada "corrupción pública", entendiendo que es ésta la que "más altos índices de preocupación" causa en la ciudadanía.
Según ha precisado el órgano de gobierno de los jueces, los procedimientos judiciales reflejados en el repositorio tienen como sujetos activos a "funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos", y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística y administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
NUEVE SENTENCIAS POR CORRUPCIÓN
Entre el 1 de julio y 30 de septiembre, los juzgados y tribunales dictaron nueve sentencias en procedimientos por delitos de corrupción. De ellas, ocho fueron condenatorias y una, absolutoria, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 89 por ciento de los casos.
La información ofrecida detalla si las sentencias condenatorias han sido con conformidad (cuatro) o sin conformidad (una), así como si han sido parcialmente condenatorias (tres), tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados.
Según la información publicada por el CGPJ, Galicia lidera la lista con nueve personas acusadas en procedimientos de corrupción; le sigue Andalucía, con cinco, y Cataluña y Madrid con una cada uno. Constan, además, dos personas en causas en la Audiencia Nacional.
