El Gobierno no logra cerrar un acuerdo con las CCAA para el nuevo modelo de residencias

El Gobierno no ha conseguido cerrar este miércoles el acuerdo con las comunidades autónomas para dar luz verde al nuevo modelo de residencias. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales han precisado a Europa Press que el Ministerio de Derechos Sociales y las CCAA han acordado "posponer la votación" a la espera de "cerrar los últimos detalles".

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 confía en poder llegar a un acuerdo "a lo largo del próximo mes" en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta "un trabajador por cada dos residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y se establezcan núcleos de convivencia de 15 personas como máximo".

El documento, que se iba a votar este miércoles en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, proponía un nuevo modelo de acreditación de residencias.

Entre otras medidas, fijaba un plazo de tres años para la "supresión total" de las sujeciones físicas, químicas o farmacológicas, y establecía que las nuevas residencias públicas deberían contar, al menos, con un 65% de habitaciones individuales.

Además, según el texto que finalmente no se ha votado, los centros proyectados no podían superar entre las 75 y las 120 plazas, dependiendo de la densidad de población.

Asimismo, con el objetivo de que la residencia se parezca lo más posible a un "hogar", se proponía que la vida de las residencias se organizara en pequeñas unidades de convivencia, con un máximo de 15 personas. Igualmente, se promovía la mejora de los servicios de ayuda a domicilio junto con el centro de día o la teleasistencia.

Respecto a las ratios, el texto establecía que en centros residenciales la ratio de atención directa conjunta se incrementaría paulatinamente de 0,39 en diciembre de 2023 a 0,51 en diciembre de 2029 en personas mayores y de 0,50 a 0,58 en centros para personas con discapacidad, estableciéndose una ratio para la atención directa de primer nivel en 0,43 y 0,50, respectivamente, en 2029, frente a los 0,42 y 0,44 de 2008.