La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y los representantes sindicales de CSIF, UGT y CIG han firmado por vía electrónica un acuerdo para la reincorporación del personal de la Administración General del Estado (AGE) en la nueva normalidad, con efectos tanto sobre la modalidad presencial como sobre el teletrabajo.
El acuerdo, que ha sido rechazado por CCOO, se aplicará desde el momento en que se alcance la nueva normalidad hasta que se determine el fin de la crisis sanitaria. Las medidas pactadas, recogidas en una resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, establecen que las modalidades de trabajo en esa nueva normalidad serán la ordinaria presencial y la no presencial.
La primera se podrá compaginar con el teletrabajo hasta un 20% de la jornada semanal, es decir, que si la jornada semanal es de cinco días, cuatro serán presenciales y uno se podrá teletrabajar, han informado este miércoles el Ministerio, UGT y CSIF.
En el caso de establecimiento de turnos, tendrá prioridad el personal que no pueda acogerse por la naturaleza de sus funciones a la modalidad no presencial, vulnerable y que tengan a su cargo a menores de 14 años o personas mayores, dependientes o con discapacidad afectados por el cierre de centros de carácter residencial y centros de día. Estos colectivos prioritarios podrán realizar hasta un 80% de su jornada semanal de manera no presencial.
El teletrabajo tendrá carácter voluntario, se priorizará en grupos vulnerables frente al coronavirus, y podrá ser reversible por razones de carácter organizativo y de necesidades del servicio. Se articulará por el titular de cada centro directivo, en los puestos de trabajo cuya naturaleza lo permita y siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios. Igualmente, esta modalidad se articulará en aquellas modalidades de jornada cuyo cumplimiento no requiera la presencia física.
En el caso de que ambos progenitores o responsables sean empleadas o empleados públicos en activo, no podrán disfrutar de esta medida de forma coincidente. El personal en modalidad no presencial tendrá los mismos derechos y deberes que el resto del personal en modalidad presencial.
Según el acuerdo alcanzado, las personas que presenten síntomas compatibles con el Covid-19, estén en aislamiento domiciliario o se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con enfermos de coronavirus, no deberán acudir a su centro de trabajo.
SE DARÁ PRIORIDAD A LA ATENCIÓN TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA
En materia de atención al público, se dará prioridad a la atención telefónica y telemática. Para el caso de atención presencial, será precisa la cita previa y se limitará el aforo.
El acuerdo contempla la flexibilización de la jornada laboral, prevista en la normativa, para evitar cualquier riesgo para la salud de los empleados públicos y será cada departamento el que deba autorizarla en cada caso. Para facilitar la flexibilización, se habilita la ampliación del horario de apertura de los centros de trabajo hasta las 21:00 horas.
Con carácter general, las reuniones se celebrarán mediante audioconferencia o videoconferencia evitándose en lo posible las reuniones presenciales o que impliquen desplazamientos a otra localidad. Además, se suspenderán todos aquellos viajes de trabajo que puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia; los cursos de formación se realizarán prioritariamente por medios telemáticos y se incentivará el uso de medios telemáticos en las pruebas selectivas tanto en el caso de los exámenes como en los ejercicios de lectura presencial de carácter individual.
Las medidas derivadas de este acuerdo que se deban adoptar en los departamentos y organismos públicos serán objeto de negociación, consulta o información en las mesas delegadas u órgano de participación social. Para el desarrollo de las medidas acordadas, se constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta por un integrante de cada una de las organizaciones sindicales firmantes y un número igual de representantes por parte de la AGE.
La ministra Darias ha destacado que este acuerdo va a permitir a la AGE "entrar de lleno en la nueva normalidad", garantizando la salud de los empleados públicos y la prestación de los servicios, así como seguir avanzando en la conciliación de la vida laboral y familiar.
RECHAZO DE CCOO
Por su parte, CCOO ha expresado este miércoles su rechazo a este acuerdo por "la falta de regulación del teletrabajo, el recorte salarial" que supondrá para los empleados públicos el que los equipos no sean aportados por la Administración en la mayoría de los casos y la ausencia de una regulación sobre descansos y desconexión.
"El personal público se ha adaptado al teletrabajo en un tiempo récord y se ha admitido esta necesidad por la urgencia surgida a causa de las medidas para contener la propagación del Covid-19. Pero desde el primer momento, CCOO dejó claro al Gobierno que este elemento era temporal y excepcional, y alcanzamos el acuerdo de crear un grupo de trabajo para su regulación, que no se ha puesto en marcha seis semanas después", ha denunciado el secretario general de la FSC-CCOO en la AGE, José Manuel Vera.
El sindicato advierte de que el teletrabajo "no puede suponer la disponibilidad del personal en cualquier horario todos los días de la semana, como viene sucediendo en bastantes organismos", ni tampoco un recorte para los salarios de los empleados públicos si tienen que aportar ellos el material para teletrabajar sin ninguna compensación económica.
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