El Ministerio de Política Territorial ha pedido explicaciones a Cantabria por algunos artículos de la Ley de Coordinación de Policías Locales, aprobada en el Parlamento regional en diciembre de 2022.
En concreto, según publicó el pasado 20 de marzo el ministerio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las discrepancias se refieren a tres artículos de la citada ley (16, 70 y 21) por lo que resuelve iniciar negociaciones para su resolución.
Para ello, se constituirá un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma la solución que proceda.
Tras conocerse la postura del ministerio, el sindicato UGT ha reiterado en nota de prensa su rechazo a la nueva Ley de Policías Locales, que en su momento "no pasó por el filtro" del Consejo del Estado.
Según el responsable regional de Policía Local de UGT, Juan Manuel Sánchez, "habría que preguntarse si las explicaciones que ahora se piden sobre estos artículos y otros muy difíciles de entender están relacionados con el hecho de que la ley no pasara el filtro del Consejo de Estado".
Sánchez ha recordado que UGT ya denunció en su momento que es una ley "hecha por y para los ayuntamientos que apenas contó con la participación de los sindicatos", porque el Gobierno de Cantabria "en realidad no se sentó a negociar con nosotros; simplemente, se limitó a presentar artículos de la anterior normativa legal para luego ir reformándolos para salir del paso".
Al respecto, ha señalado que, entre otras cuestiones "más que criticables", la nueva ley "apenas dedica un renglón de su contenido a la carrera profesional y la especialización, es la única ley de España que mantiene el grupo B de especialidades para los inspectores y estipula una contratación de personal de tránsito con carácter de autoridad que no es de extrañar que reciba objeciones ministeriales".
En este último punto, Sánchez puntualiza que la opción a contratar de manera temporal personal por días o semanas hasta un máximo de cuatro meses "es un guiño más a las entidades locales" porque "estas contrataciones eventuales ya venían regularizadas en la anterior ley y se las hizo desaparecer por intereses muy concretos".
A su juicio, esta ley "abandona por completo" el objetivo de profesionalizar la policía local como se planteaba desde hace años y "abre la puerta a la precariedad laboral" en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Como ejemplo, cita la puesta en marcha de "patrullas unipersonales de dudosa legalidad y en todo caso éticamente reprobables".
Para el sindicalista, "es muy difícil de asumir que un gobierno autonómico pueda legislar en contra de directrices europeas, cuestionar el propio proceso de estabilización de puestos de trabajo que se está llevando a cabo en todas las administraciones públicas españolas y alejarse de una manera tan descarada del interés público".
