El G-9 de Universidades expresa su "profunda preocupación" por la nueva normativa que regula las prácticas curriculares

La comisión sectorial de Estudiantes del Grupo 9 de Universidades (G-9), reunida este jueves y viernes en la Universidad de Zaragoza, ha manifestado su "profunda preocupación" por la nueva normativa que regula la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social por parte del estudiantado que realice prácticas externas, tendentes a la obtención del título en estudios propios y oficiales. Las universidades deben aplicar este decreto desde el 1 de enero de año.

El G-9 adelanta que la nueva regulación, "no consensuada con las universidades", puede provocar la "pérdida de numerosas prácticas debido a la denuncia de los convenios de prácticas por parte de diferentes ministerios (Seguridad Social, Justicia, Defensa, Interior o Consumo, entro otros) y otras administraciones públicas centrales y autonómicas". "Esto podría dar lugar al retraso en la graduación de una parte importante del estudiantado", señalan en un comunicado.

El G-9 también manifiesta su preocupación ante las implicaciones que la aplicación del decreto tiene para el estudiantado que se encuentre en situaciones específicas, como el beneficiario de las mutualidades generales del Estado, en situación de incapacidad laboral transitoria, con permiso de maternidad o paternidad, recibiendo prestaciones, alumnado de movilidad, etcétera.

Por todo ello, el G-9 "hace un llamamiento a la reflexión y al diálogo con las autoridades políticas para encontrar soluciones justas y efectivas que no perjudiquen al estudiantado, ni a las instituciones educativas".

La comisión sectorial de Estudiantes del G-9 manifiesta la necesidad de que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, conozca de primera mano los problemas presentes y futuros que conlleva el nuevo decreto y que, de mantenerse en estos términos, producirá "un desamparo" en parte del alumnado que no podrá realizar las prácticas.

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación creada en 1997, formada por las universidades que son únicas públicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco, Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Zaragoza; junto con la Universidad de Murcia y la Universidad de Burgos como instituciones colaboradoras.