El decreto que prevé aprobar mañana el Gobierno con medidas para tratar de evitar el colapso de la justicia tras el fin del confinamiento, y que comprende entre otros puntos la habilitación de parte del mes de agosto para actuaciones judiciales o el doble turno mañana y tarde para los funcionarios, ha generado discrepancias tanto en la Carrera Judicial como entre fiscales, ya que mientras unas asociaciones consideran que son medidas razonables, otras las califican de poco realistas y efectivas.
Estas dos medidas, con las que el ministerio dirigido por Juan Carlos Campo pretende afrontar la vuelta a la normalidad y evitar el colapso en la Administración de Justicia derivado de la pandemia, no llegan para el portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, con el consenso de los interlocutores afectados dado que las reuniones que se han mantenido han sido "informativas y generales".
Para la AJFV el plan del ministerio debería contar con presupuesto, y consideran que la habilitación de agosto supondrá "un impacto brutal" para abogados y procuradores, sobre todo en despachos pequeños. "Se quedan sin posibilidad de descanso y de conciliar con la vida personal", ha apuntado Fernández, para luego añadir que sin el beneplácito de abogados y procuradores "la eficacia de la medida será casi ninguna".
En este sentido, ha explicado que si un magistrado señala juicios para agosto y posteriormente coge vacaciones en septiembre, el hecho de trabajar en agosto se convierte en ineficaz. "Tiene poco efecto y perjudica mucho a abogados y procuradores. Más eficaz veríamos concentrar las vacaciones en agosto, y así en el resto de meses se trabaja al cien por cien", ha apostillado.
En cambio, para la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia puede ser favorable habilitar ese mes, y entienden que el ministerio ha tirado "por el camino de en medio" al designar del 11 al 31 de agosto como hábiles. "Podemos entender las razones de los abogados para oponerse a tal medida. El ministerio apuesta por el camino del medio. Visto el paro producido no parece descabellado que se trate de habilitar el máximo", ha indicado el portavoz de JJpD, Ignacio González Vega.
Pero para la portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, este tipo de medidas no se han adoptado teniendo en cuenta a todos los interlocutores, y habilitar el mes de agosto es poco realista. Además, recuerda que agosto es de por sí "bastante inhábil" para celebrar juicios porque hay vacaciones y por más que un juez quiera, a veces no se puede desarrollar porque se requieren pruebas testificales. "Nosotros no nos oponemos, pero se debe imponer la práctica", ha añadido.
Respecto a la medida de establecer turnos de mañana y tarde para los funcionarios de la Administración de Justicia, que tiene por objetivo evitar la coincidencia de todo el personal en las mismas horas, desde JJpD consideran que, aunque es una propuesta razonable, será complicada de llevar a cabo.
Al hilo, indican que debe haber desinfección de salas entre vista y vista, y que se deberá contar con la casuística de cada juzgado. Para la AJFV, el doble turno sólo tiene sentido desde el punto de vista de las exigencias sanitarias pero no si se adopta teniendo en mente evitar el colapso. "Así se evita que toda la plantilla coincida al mismo tiempo y facilita el uso de las salas de vistas", ha apostillado.
LA UPF: EN AGOSTO SE AVANZARÁ
Por su parte la Unión Progresista de Fiscales (UPF) está completamente de acuerdo con la habilitación de agosto y la implementación de turnos de mañana y de tarde a elección de los funcionarios; no en vano esta asociación planteó ambas medidas en las propuestas que envió al Ministerio de Justicia de cara a la elaboración del decreto para tratar de evitar el colapso del sector.
La presidenta de la UPF, Teresa Peramato, considera que la Justicia arrastraba ya antes de la pandemia de coronavirus un retraso importante y que habilitar parte de agosto puede "avanzar en la resolución de muchos procedimientos" y contribuir a aminorar los efectos de la paralización por el estado de alarma, además de que esto envía a la sociedad un mensaje claro de la asunción de responsabilidades por parte de los colectivos afectados.
En cuanto a que haya turnos de mañana y tarde en los juzgados y tribunales, Peramato lo ve una buena medida para que no haya concentraciones de muchas personas, con lo que se gana en seguridad en la lucha contra el Covid-19, y también como medida de conciliación para aquellos funcionarios que tengan menores o personas dependientes a su cargo y no tengan con quien dejarlos por las mañanas.
En todo caso, la presidenta de la UPF ha subrayado que el decreto del Gobierno está planteado para los primeros meses tras el revocamiento del estado de alarma, por lo que supone que todas estas medidas se irán modulando con el paso del tiempo y en función de la situación en que esté la Administración de Justicia.
HABILITAR AGOSTO "ES COMPETENCIA DEL CGPJ"
Juan Antonio Frago, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) disiente en lo que respecta al mes de agosto. Para empezar, tal y como ha explicado, considera que la competencia para habilitar dicho mes es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no el Ministerio de Justicia.
Además, ha alertado de que dejar a funcionarios, jueces y fiscales sin disfrutar de todas sus vacaciones va a provocar que las vayan recuperando a lo largo del resto del año, lo cual también implicará retrasos en los procedimientos, por no hablar del derecho a conciliar al que, ha apuntado, tienen todos los colectivos que trabajan en el sector.
También, ha dicho Frago, habilitar agosto puede plantear el problema de que testigos y peritos no puedan asistir a los juicios que se convoquen en en esas semanas al no ser localizados por estar de vacaciones. En cuanto a los turnos, lo ve "razonable", aunque al ser voluntario duda de si resultará efectivo si muchos funcionarios no se ofrecen para trabajar por las tardes.
En su opinión, lo que tienen que hacer las administraciones públicas es aumentar el presupuesto destinado a Justicia, ya que considera que las nuevas medidas no van a solucionar los verdaderos problemas que presentaba, ya que se trata de un sector que ya arrastraba un "déficit importante" de medios y mucho retraso en la tramitación de causas antes de la pandemia.
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